WASHINGTON— El agente federal invitado por el presidente Donald Trump al discurso sobre el Estado de la Unión ayudó a desmantelar una brutal red que contrabandeaba mujeres de México a Estados Unidos y las obligaba a prostituirse.

Elvin Hernández es un agente especial dominicano de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad especializada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Él y sus colegas comenzaron a investigar el tráfico de personas en Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, México, en 2012. Los últimos acusados que pertenecían a una familia criminal fueron sentenciados el mes pasado a décadas en prisión.

Hernández, quien trabaja en la oficina de Nueva York, fue uno de los invitados que se sentaron junto a la primera dama Melania Trump.

La audiencia le brindó un sonoro aplauso cuando Trump lo presentó, mientras él se sonrojaba y sonreía.

En una reciente sesión informativa para la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen sobre uno de sus principales casos, Hernández, originario de República Dominicana, dijo que se enfocaron en 10 organizaciones y que todas fueron desmanteladas.

Donald Trump

Trump ha manifestado que el tráfico de personas es una de las razones por las que necesita 5.700 millones de dólares para un muro fronterizo, una petición que los demócratas han rechazado tajantemente.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas de tráfico humano cruzan por puertos legales de entrada, de acuerdo con la organización Counter Trafficking Data Collaborative, que compila estadísticas con datos suministrados por grupos de diversas partes del mundo. Los activistas dicen que Trump distorsiona qué tan seguido pasan las víctimas por la frontera sur.

La Línea Nacional para el Tráfico Humano, una entidad financiada con dinero federal y operada por el grupo activista Polaris, dijo que hay una distribución casi equitativa de víctimas entre extranjeros y ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

Pero los activistas también señalan que Tenancingo es un semillero de traficantes, donde a los varones se les enseña a ser proxenetas y las mujeres y niñas son obligadas a prostituirse, con frecuencia con amenazas contra sus familias.

En total, Hernández y sus colegas que participaron en este caso presentaron acusaciones contra más de 80 personas, rescataron a más de 150 víctimas —incluyendo 45 menores de edad—, y reunieron a 19 niñas con sus madres.

Una organización, la familia Rendón Reyes, traficaban mujeres jóvenes, pobres y sin educación de México a Estados Unidos, donde las obligaban a prostituirse. Algunas de las mujeres cruzaron la frontera de manera ilegal, y otras entraron al país con documentos falsos.

Los traficantes manipulaban a las mujeres con relaciones sentimentales falsas. De acuerdo con documentos de la corte, los sospechosos recurrían a “golpizas, ataques sexuales, abortos forzados, amenazas a las víctimas y a sus familias, y coerción psicológica».

Las mujeres eran obligadas a tener sexo con hasta 45 clientes al día, de acuerdo con los expedientes.