MANUEL E. GÓMEZ PIETERZ
En nuestro país es ya habitual que los diplomáticos extranjeros opinen públicamente sobre asuntos internos políticamente muy sensibles, bordeando la intermediación de la Cancillería de la República, lo cual viola el principio de que en materia de política interna, las embajadas sólo deben hablarle al gobierno y hacerlo por vía de la Cancillería, si es que no quieren incurrir en violación de la soberanía por intervención en los asuntos internos del país.

Tan inveterada práctica ha venido conformando una especie de sistema de representación diplomática informal paralelo al formal más ceñido a las reglas y normas protocolarias. Es lo que inevitablemente suele ocurrir cuando la formalidad y sus normas disfuncionan.

Lo paradójico es, que el paralelismo informal contribuye al aumento de eficacia de la diplomacia formal tradicional en cuanto recurre a los medios de opinión e información contribuyendo a rescatar de la inercia y el secreto importantes expedientes que de una u otra forma afectan intereses de toda la ciudadanía.

Los ejemplos abundan: el pasado año 2005 el Embajador inglés denunció por escrito en carta dirigida al Secretario de Estado de Obras Publica la irregular adjudicación en secreto de un contrato para la emisión de carnets para la expedición de licencias de vehículos de motor. La carta fue publicada y el gobierno dio la callada por respuesta, pero la ciudadanía tomó nota.

El pasado mes de marzo, la embajadora de España declaró que “el irrespeto a las leyes, el incumplimiento de acuerdos y la corrupción, son elementos que generan un clima desfavorable para la inversión extranjera en la República Dominicana”. Posteriormente el embajador de Alemania expresó su asombro por el excesivo derroche de recursos en la última contienda electoral.

En esta misma semana el embajador de Italia advirtió que la creciente criminalidad podría afectar el flujo de turistas europeos a nuestro país. La respuesta de nuestro inefable Secretario de Turismo a este serio problema, fue que el Embajador no estaba suficientemente enterado; y la prensa del 22 de junio nos trajo una declaración de la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo afirmando “que se debe aumentar la inversión en el sistema educativo público del país, que a su juicio está fracasando”. Al día siguiente, la secretaria de Educación se apresuró desde su inexpugnable torre de marfil a contestar penosamente lo incontestable.

Esos pronunciamientos de embajadores y funcionarios diplomáticos, constituyen una muestra de cómo lo que hemos denominado “diplomacia informal”, actúa como un saludable mecanismo de contra propaganda de la oficial, lo cual permite a la ciudadanía valorar con más objetividad y realismo la situación del país.

Tenemos un gobierno que cifra la gobernabilidad en un voluminoso, permanente y costoso esfuerzo propagandístico y no en los reales resultados de su gestión que precisamente son los que percibe el ciudadano común; el político funcionario en el gobierno, la cree firmemente porque le conviene creerla. No la cree por ser verdadera, sino que es incuestionablemente verdadera porque le conviene y la firme creencia en el error por conveniencia conduce a la intolerancia de la crítica adversa y la consecuente satanización del disidente. Cuando el error se convierte en la verdad de quienes gobiernan, éstos comienzan a freírse placenteramente en la propia salsa de su propaganda.

Y si la nave de la república navega impulsada por los vientos excesivos de la propaganda, y con la brújula de la realidad dislocada, su destino no puede ser otro que los procelosos arrecifes de la catástrofe.