El embajador dominicano en Bruselas, Bélgica, Alejandro González Pons, denunció ayer que   la   campaña    en   contra del Estado dominicano que   lleva a cabo de manera sistemática el padre Christopher Hartley  tiene el propósito de que el país sea condenado en alguna instancia internacional por presuntos maltratos a los haitianos.

El embajador dominicano, en Bruselas, Bélgica, Alejandro González Pons, denunció ayer que   la   campaña    en   contra del Estado dominicano que   lleva a cabo de manera sistemática el padre Christopher Hartley en el plano internacional,  podría influir negativamente en los tratados comerciales.

Dijo que  Hartley  desarrolla una campaña negativa a escala internacional en contra de la República Dominicana y  pretende que el país sea condenado por alguna instancia jurídico-política internacional bajo la acusación, de  que se violan los derechos humanos, especialmente los laborales de los obreros haitianos que trabajan en el sector agrícola y en  otros   productivos.

“Con esta campaña, basada en distorsiones y mala fe, se pretende impedir que fluyan libremente las condiciones comerciales favorables que para la República Dominicana  se derivan de la firma del Tratado de Asociación Económica con la Unión Europea, mejor conocido por sus siglas en ingles EPA,” expresa González Pons, en un documento para la prensa.

Busca dañar. A   su juicio, pese a que  las condiciones del acuerdo favorecen  a los  productos nacionales, Hartley “arremete especialmente  contra el sector azucarero, tratando de impedir que  se beneficie de las oportunidades que la demanda del mercado europeo le ofrece al azúcar dominicana, hoy más competitivo, productivo y basado en mejores condiciones de trabajo para los dominicanos y haitianos que laboran, manifestó el embajador. 

El diplomático González Pons  sostuvo que cuando se  ataca al sector azucarero  se busca  que al país, como un todo, se le recorte su acceso a los programas de cooperación  en los que participa.

Declaró que  se busca también que  se anulen las ventajas comerciales que  otorgan los acuerdos firmados con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta) y el Acuerdo de Asociación Económica (EPA).

Además, el embajador  explico que se quiere que  las inversiones extranjeras directas se congelen, que el flujo turístico se reduzca y, eventualmente, sea condenado y aislado políticamente por la  comunidad internacional.

“Es decir, lo que se intenta es que se condene al pueblo dominicano a mayor desempleo y a peores condiciones de acceso a la salud, la educación, la vivienda”, agregó González Pons.

Señaló que  Hartley no reconoce el beneficio que reciben los haitianos.

Un plan de ataque.  González Pons manifestó que el padre Hartley continuará  su campaña internacional en contra del país  porque, al parecer, este es el nicho que le lleva a la consagración.

El embajador dominicano en Bruselas indicó que el cura    hará caso omiso de los grandes avances alcanzados en la mejoría de los ingresos y de las condiciones de trabajo y vida en los sectores del azúcar, cacao, banano, café, arroz y construcción, “en los que laboran miles de trabajadores haitianos, los cuales,  junto a sus familiares, se acercan ya  a más de un   millón de habitantes en la República Dominicana, la mayoría  viviendo de manera ilegal”.

Antecedentes

Voces en defensa

1 de abril  2009

 El padre Víctor Rodríguez afirma que el Grupo Vicini colabora. El párroco dice que  mejoran las condiciones de los braceros y denuncia que Hartley cerró todas las ayudas dirigidas a los pobres.

El senador de Monte Plata

 21 de agosto 2009

      El senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, afirmó que los supuestos maltratos a  los ciudadanos haitianos en los bateyes donde trabajan en  el  país denunciados por el padre Christopher Hartley ponen en peligro el acuerdo de importación de azúcar entre la República Dominicana y la Unión Europea.

Padre Hartley persigue crear opinión  

El embajador dijo que con esta línea de trabajo  el padre Hartley intenta construir, a nivel de la opinión pública internacional, una percepción distinta de la realidad que se vive en el país y, como se sabe, la primera puede ser más importante que la segunda y, en consecuencia, puede influir o condicionar las acciones de aquellos que toman las decisiones, sobre todo a nivel político.

Refirió que es un hecho verificable que en la   sociedad dominicana de hoy existe un Estado de derecho que defiende y garantiza los derechos políticos y sociales de   sus ciudadanos y de los extranjeros que viven en el país, y que, en consecuencia, asegura, entre otras muchas cosas,  se pueda discutir sobre las condiciones en que se ejerce el trabajo y los niveles de los salarios existentes.

“El Código de Trabajo lo establece y las organizaciones sindicales se encargan, con toda libertad, de discutir esos temas, incluso mediante la presión de la huelga; y, aunque el trabajo en el sector azucarero resulta duro como en todas partes, atrás quedaron los tiempos de condiciones laborables inaceptables”, dijo.

González Pons declaró que a pesar de las pretensiones de Hartley    el país es reconocido hoy  día por la comunidad internacional como una sociedad abierta que, pese a sus múltiples carencias y dificultades, que nadie niega, busca con constancia y afán mayores niveles de desarrollo económico y social para su gente, mayor desarrollo e implantación del Estado de derecho y  el respeto a los derechos humanos, sin olvidar la constante consolidación de las instituciones democráticas que impulsa.