La embajada de los Estados Unidos dijo que desconoce si existe una lista con los nombres de las personas que serían extraditadas hacia ese país por su vinculación con Quirino Ernesto Paulino Castillo, un ex capitán del Ejército Nacional extraditado a Nueva York, donde es procesado en una corte por formar parte de una red internacional de narcotraficantes.

La información la ofreció el embajador Robert Fannin, quien al hacer la declaración destacó que no sería ético hablar de una investigación que está en proceso.

En las dos últimas semanas varios medios de comunicación dominicanos han referido que por lo menos 18 personas, entre civiles y militares de alto rango, serían pedidas en extradición por Estados Unidos por estar relacionadas con las transacciones que realizaba Paulino Castillo.

La especie surgió a partir del acuerdo a que llegaron a finales de diciembre pasado la Fiscalía del Distrito Nacional y las autoridades judiciales estadounidenses, para permitir la salida a Estados Unidos a los familiares más cercanos del imputado y la devolución de sus bienes incautados.

A cambio, éste habría revelado información sobre los demás miembros del cártel y la forma en que éste operaba.

Como parte del acuerdo, el 22 de diciembre de 2008 la Fiscalía archivó de manera definitiva el expediente que cursaba en contra de varios familiares de Paulino Castillo, entre ellos su esposa Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, su hijo Anderson Paulino Ubrí, su madre Zaira Castillo Ramírez, su hermano Quirilio Paulino Castillo, y Diomaris Marmolejos Féliz, quien también es madre de cuatro de sus hijos.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud, y tras esa decisión Marmolejos Féliz viajó a Estados Unidos, el jueves ocho de este mes, acompañada de sus hijos, como parte del Programa de Protección de Testigos Federales de Estados Unidos.

Sobre indultos y otros casos. Al embajador Fannin se le preguntó qué opinión le merecía el escándalo surgido por el indulto otorgado a Vivian Lubrano de Castillo, vicepresidenta de negocios de Baninter, que fue condenada a cinco años de prisión por su participación en el fraude que, por RD$74,000 millones, cometieron en contra de los ahorrantes Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, presidente y vicepresidentes, respectivamente, de la entidad bancaria.

Es un tema de gran interés para nosotros el hecho de que renunciaran los miembros de la Comisión de Indultos, dijo el diplomático. No más.

Con relación a la investigación que se le sigue en Estados Unidos al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Pedro de Macorís, Alejandro Williams, imputado de fraude al Medicaid en su condición de profesional de la medicina (odontólogo), expresó que no hay nada que pueda decir al respecto, lo que sé lo que leí en los periódicos hoy, pero esperaríamos que se cumpla la Ley si hay un problema, como en otros casos.

Al diplomático también se le preguntó sobre el caso del ex vicecónsul dominicano Carlos Tolentino, quien estaría bajo investigación en Estados Unidos bajo cargos de la comisión de estafas contra el servicio de rentas internas de ese país. Probablemente sé lo mismo que usted, respondió el embajador estadounidense a la periodista Fior Gil, de HOY.

Su posición sobre los intercambios de disparos

Robert Fannin declaró que para su gobierno es importante que se haga valer la Ley de manera agresiva, pero reconoció que en ese proceso hay que apegarse a los preceptos constitucionales que establecen la protección de los ciudadanos.

El diplomático se refirió en esos términos cuando se le pidió una valoración sobre el incremento de los intercambios de disparos, definidos por la Policía, entre sus agentes e imputados de delincuentes que, en este año, han segado la vida a más de 30 civiles.

Nosotros pensamos que la Policía, el gobierno y otros organismos reconocen la situación como problemática, y están trabajando para solucionarlo, expresó.

Asimismo, dijo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) le ha ofrecido ayuda al país para mejorar la administración de justicia, pero en cuanto a estos intercambios de disparos o rendición de cuentas extrajudiciales estamos seguros de que la Policía y otras entidades del gobierno saben que estos representan un problema y están trabajando de manera conjunta para solucionarlo.

Sobre la migración ilegal haitiana al país se abstuvo de opinar, al remitir a la periodista Wendy Arias, de El Día, al informe anual sobre derechos humanos que emite el Departamento de Estado de su país, y que concierne a la mayoría de los países del mundo.

Antes de preparar ese informe nuestro gobierno habla con muchas entidades no gubernamentales y con el propio gobierno dominicano, de manera que no está prejuiciado a favor de ninguna parte.