Al menos dos embajadores y el abogado asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcóticos coincidieron ayer, de manera separada, con los señalamientos hechos por la embajadora de Francia en el país, Cecile Pozzo di Borgo, en el sentido de que la República Dominicana tiene debilidades en materia de seguridad jurídica que debe resolver para poder atraer y garantizar inversión extranjera.

Con aspectos de la declaración de la embajadora francesa coincidieron Nicky Fabiancic, representante local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la embajadora de España,  María de la Almudena Mazarrasa, y el jurista Marino Vinicio Castillo.

Al comentar las declaraciones de Pozzo di Borgo, Fabiancic consideró que el país tiene que crear suficiente confianza para que vengan inversiones productivas, respetuosas del medio ambiente y generadoras de empleos.

Tal vez, dijo, la República Dominicana tenga que hacer un mayor esfuerzo o acelerar algunos procesos, pero debe adecuarse a las exigencias que se plantean  en un mundo globalizado para poder sacar provecho a las oportunidades.

«En ese sentido, las normativas y el marco jurídico dominicano deben estar acordes con los altos intereses del país. Obviamente, el país se encuentra muy cercano a entrar en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y eso ha significado que tenga que hacer una serie de cambios y adecuación a su normativa».

Valoró como positiva la promulgación de la ley de contrataciones de obras del Estado y dijo creer que «ese es un paso adelante y en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad jurídica tanto para las empresas nacionales como internacionales».

Fabiancic se expresó en esos términos al término de la firma de un convenio de cooperación entre el Programa de Jóvenes Voluntarios de las Naciones Unidas, que él representa en el país, la Secretaria de la Juventud y Alianza  ONG para la ejecución de programas con miras a lograr los Objetivos del Milenio.

De su lado, la embajadora de España, María de la Almudena Mazarrasa, afirmó que en la República Dominicana  no existe garantía jurídica para las inversiones extranjeras y citó entre los principales problemas las violaciones a las leyes, a los contratos y la corrupción.

«El clima esta un poquito nublado para las inversiones en este país y es necesario que se despeje», dijo la diplomática a los periodistas que procuraron su opinión acerca de las declaraciones de la embajadora de Francia.

Mazarrasa, quien fue entrevistada minutos después de reunirse en el Palacio Nacional con el Vicepresidente Rafael Alburquerque, dijo que las quejas más frecuentes provienen de extranjeros, en este caso españoles, que se deciden por invertir en bienes raíces. Aclaro, sin embargo, que la situación que denuncia no es propiamente una responsabilidad del gobierno o de la justicia, sino que se trata de un mal general en la sociedad dominicana.

 «El problema en algunas ocasiones no es que no existan leyes; a veces el problema consiste en que las leyes no se cumplen y ese no es solamente un problema de las autoridades, sino que es un problema de toda la sociedad dominicana», dijo Mazarrasa. Dijo que en la República Dominicana existen «muchos problemas» con la seguridad y la propiedad de la tierra. «Hay terrenos que se venden dos o tres veces porque no hay un buen registro de la propiedad. Ese es un problema real que existe en la República Dominicana y en otros países; temas difíciles de corregir, que no se pueden solucionar de un día para otro».

También el doctor Marino Vinicio Castillo reconoció que en el mercado inmobiliario de Republica Dominicana se ha desarrollado una especie de «caos» y denunció que ello ha facilitado a extranjeros adquirir terrenos próximos a la costa para «hacer de todo».

Sin embargo, censuró que embajadores extranjeros acreditados aquí estén formulando esas críticas públicamente.

Dijo que las autoridades han estado haciendo esfuerzos, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mejorar los términos de la seguridad jurídica en el ámbito del negocio inmobiliario en la República Dominicana. «Por eso se nota que hay un progreso en los registros de títulos que están siendo informatizados e higienizados, al parecer, con mucho celo», dijo Castillo.

Reconoció que hay regiones como el caso de la zona Este del país donde «el caos» no ha sido superado, pues existe lo que llamo «superposición de parcelas, registros falsos y actos notariales que en los últimos 20 años han muerto».

Castillo entiende que es evidente que las autoridades tienen que hacer un gran esfuerzo para rectificar y corregir esa situación de «caos», tras reconocer que se trata de aspectos que son muy negativos y generan muchas desventajas para el país.

A su juicio, en materia inmobiliaria en el país esta teniendo lugar un hecho muy grave y es que desde el año de 1997 se eliminó el requisito del permiso previo del Poder Ejecutivo para un extranjero poder adquirir terrenos en República Dominicana. Explicó que se alegó que esa era una manera de evitar los problemas de corrupción que se daban en esta área, «pero a mi nunca me satisfizo esa decisión».

Dijo que ahora ha ocurrido que «capitales mafiosos y gente peligrosas del litoral del lavado de activos en el mundo han sabido hacer operaciones, especialmente en las costas Sur y Este del país que han hecho cosas sin el control debido».

La embajadora de Francia ha declarado que la República Dominicana tiene debilidades y que espera «que las dificultades de seguridad jurídica que inversionistas franceses han encontrado en el pasado se resuelvan en el futuro próximo».