La cantidad y frecuencia con que llegan niñas embarazadas a nuestros hospitales, hace urgente la atención de las autoridades, empezando por las judiciales, que deben castigar drásticamente la pederastia aplicando el código vigente sobre protección a niños, niñas y adolescentes.

La secuela de males y el impacto que sufren las niñas abusadas, la familia y la sociedad, deben mover a todos los organismos del Estado garantes de la integridad física y moral de los ciudadanos, y más en el caso de los menores que, de por sí, son seres indefensos merecedores de una mayor protección.
Estamos conscientes de que el problema de los embarazos en las adolescentes tiene raíces multifactoriales, lo que hace más difícil su prevención. Sabemos de padres, en estado de miseria, que aceptan que pedófilos empedernidos abusen de sus hijas con tal de que les proporcionen algunos pesos.

Todas esas lacras y situaciones existen frente a las desentendidas autoridades nacionales, y nos proyectan en el mundo como un país, que, en adición a otros nada halagüeños galardones internacionales, es visto como una selva, o como lo promocionan algunos pervertidos: “un paraíso sexual”.

Es innecesario abundar sobre los daños que acarrea a las víctimas, sus familias y la sociedad el embarazo de nuestras niñas. Lo que hay que reclamar a toda voz, es que el Estado asuma su responsabilidad en esta situación que lacera y avergüenza a todo dominicano decente.

En lo que se diseña y aplica un plan de emergencia para prevenir esta situación, la ley debe ser rápida y severa contra los violadores, curas o no, para desestimular a los perversos abusadores de nuestros niños.