Guatemala.- La Justicia de Guatemala embargó alrededor de 400.000 dólares de las cuentas bancarias del exsecretario privado presidencial y exdirector del Seguro Social Juan de Dios Rodríguez, en prisión preventiva desde mayo acusado de corrupción, informó hoy una fuente judicial.
El Juzgado de Extinción de Dominio decomisó los 3,1 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) de las cuentas bancarias de Rodríguez, por el supuesto origen ilícito del dinero, según detalló el Organismo Judicial (OJ) guatemalteco en sus redes sociales. El juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, explicó a periodistas que fueron cinco las cuentas embargadas.
“Esto en virtud de que el Ministerio Público ha empezado una investigación sobre los bienes del señor Juan de Dios Rodríguez por su actuación como presidente del Seguro Social y una licitación identificada como Droguería Pisa”, subrayó. Las autoridades detuvieron el pasado 20 de mayo al exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por un millonario fraude en el que también está involucrado el director del estatal Banco de Guatemala, Julio Suárez Guerra.
Rodríguez y otras 20 personas, entre funcionarios y civiles, están acusados de participar en la adjudicación anómala en diciembre de 2014 de un contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a la empresa farmacéutica Droguería Pisa, por 15 millones de dólares. Pérez Molina dimitió a su cargo el pasado 3 de septiembre por otro escándalo de corrupción desarticulado por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) en el ente recaudador de impuestos.
Otros 4,2 millones de quetzales (538.000 dólares) del exdirector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ya habían sido embargados en junio por la Justicia guatemalteca. Rodríguez, exmilitar del Ejército de Guatemala, trabajó como secretario privado de Pérez Molina desde enero de 2012 hasta el mismo mes de 2013, cuando fue nombrado jefe del Seguro Social.
La medida anunciada este viernes obedece al cumplimiento de la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011, que faculta a las autoridades para confiscar a delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas, y a su posterior utilización por parte del Estado.