Ocurrió semanas atrás. Más de cien hombres, rudos, desarrapados, con cara de pocos amigos, se lanzaron de varias camionetas, e irrumpieron en el lobby de un  hotel de 5 estrellas, ante el asombro y estupefacción de cientos de turistas que están en vías de entrar o salir, bebiendo en el bar o simplemente descansando en el salón. Los agresores entraron aparatosa y violentamente, al tiempo que dos de ellos gritaban a toda voz: ¡Esto es un embargo! Y se dirigieron a la oficina de administración, pasando brutalmente por entre la fila de extranjeros, en una actitud que parecía un asalto. El resto de los “expedicionarios” se apostaron “estratégicamente” en diferentes lugares de la marquesina y el lobby. Los hombres que hicieron el embargo salieron con RD$3 millones, como rescate para abandonar el lugar; bajo amenaza de continuar la demanda en los tribunales, en donde el Hotel estaba demandando por una suma mucho mayor.

Según los hoteleros de Bávaro, se trata de una banda de abogados que en contubernio con funcionarios del Ministerio Público y de la Justicia, se dedican a estafar y a extorsionar a hoteleros, en base a acusaciones falsas y a citaciones “en el aire”, esto es, sin notificar al hotel víctima.

Por su parte, los hoteleros no han podido obtener la ayuda necesaria de las fuerzas del orden ni de las autoridades locales, ya sea de alcaldía, ni de Turismo, pero sí han recibido demandas y quejas de los turistas de cámaras, carteras y objetos desaparecidos durante el asalto.

Cualquiera que lea esta noticia dirá: ¡Esto no puede ser! Pero, como me corrigió un amigo periodista, este es el país de “todas las posibilidades”, donde un grupo de legisladores y funcionarios han violado muchas veces la Constitución; se dan casos contratos con una empresa minera que los que lo aprobaron confesaron no haberlo leído; y en el que se dilapidan sin misericordia ni castigo los dineros públicos. Le repliqué, que yo puedo entender que los funcionarios puedan accionar en contra de la Constitución y de las leyes para retener el poder o también para sustraer fondos del Estado en provecho propio; pero no que el Gobierno no reaccione en una forma más expedita  para proteger la principal industria del país, aún si se tuviese que influenciar otros poderes públicos, ya que el ejecutivo ha demostrado demasiado arrojo y atrevimiento en muchos casos de mayor y menor importancia que este. Y si algo pudiese, acaso,  favorecer a un gobierno que habitualmente viola las leyes o se enreda en ellas, es cometer ciertas “imprudencias” en el uso del poder, que salven situaciones calamitosas, a favor del interés nacional.