El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero lamentó ayer que las autoridades y determinados sectores empresariales renunciaran a la cuota de seguridad jurídica que representaba que los notarios públicos se encargaran de poner en práctica las vías de ejecución, como los procesos de embargos, desalojos, lanzamiento de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión de administradores judiciales.
“Nueva vez se arriesga a la ciudadanía con los embargos y desalojos sorpresas, los cuales son ejecutados por oficiales no profesionales y por lo general, desprovistos de ética”, dijo.
Rodríguez Montero consideró que ante tal situación se hacer oportuno formularle un llamado al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y al Consejo del Poder Judicial, a fin de que se ponga orden y se excluya a la Procuraduría General de la República de actuar como agencia certificadora de las firmas de los notarios del país, ya que ese rol está legalmente asignado al Poder Judicial y al propio Colegio Dominicano de Notarios.