Con la transición presidencial especie de tierra de nadie temporal ya acostumbrada luego de unas elecciones ganadas por la oposición , se ha presentado una especie de «emergencia nacional ambiental» de la que apenas se están viendo algunos casos, pero que son suficientes para pensar que algo muy grande puede estar pasando en todo el territorio nacional.

El primer componente alarmante de esta «emergencia» es la situación que se está dando en el Congreso Nacional en torno al Proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas. No hay consenso ni interés alguno en que haya. Todo se está manejando a puertas cerradas y los senadores y diputados se han abrogado el derecho de «negociar» la naturaleza del país, algo así como «toma este pedazo y déjame éste a mí. Te cambio esta montaña por esa bahía. Dame esa playa y te gestiono dos visas».

La emergencia se hizo presente en el noroeste, específicamente en Monción, cuando aprovechando la transición se tumbaron 9,600 árboles para ser vendidos a aserraderos de la región y otros de Santiago. Se cortaron 750 troncos de Pino, más de dos mil troncos de Samán una de las especies de mayor importancia par a la protección de las aguas , otro tanto de Cedro y casi 1,000 troncos de Caoba, además de otras especies diversas.

En Cotuí, la gobernación y la sindicatura se asociaron para negociar con camioneros transportar la basura de la ciudad al río Yuna en 30 camiones, cuyos dueños recibirían como pago el permiso para la extracción de arena. Esto es, llevar un camión de basura, lo tiras al río, y te puedes llevar el camión lleno de arena. Informantes de Cotuí dejaron saber que entre la flotilla de camiones están dos pertenecientes al diputado Cristian Paredes, presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que «estudió» la propuesta de modificación de la Ley de Areas Protegidas, y actualmente miembro de la Comisión Bicameral que sigue en lo mismo.

En San Cristóbal, según noticias publicadas, las tierras que pertenecieron al CESDA, Centro de Estudios para el Desarrollo Agrícola de la Secretaría de Agricultura, están siendo ocupadas para urbanizar por empleados del Senador Aníbal Duvergé, la Gobernadora Miriam de la Rosa, el subsecretario de Obras Públicas Roberto Salazar, y otros funcionarios.

Esas tierras resultan muy productivas por ser suelos formados en el mismo pie de monte de los cerros que se elevan desde San Cristóbal y estar a poca distancia del río Nigua. Sepultarlos con edificaciones, además de criminal, es lesivo a los proyectos de desarrollo agrícola de la región.

)Cuántos otros casos similares se están dando en estos momentos de «transición»?

[b]A los congresistas de San Francisco de Macorís[/b]

En San Francisco de Macorís una comisión designada por el Comité Nordeste por la Defensa del Sistema de Parques Nacionales envió la siguiente carta para los congresistas de esa ciudad:

«Señor (a) Congresista por la Provincia Duarte:

«De manera formal participamos a usted que hemos estado observando con preocupación la inicial aprobación del proyecto de ley que modifica las áreas protegidas de la República Dominicana.

«También nos preocupan los argumentos del veto presidencial. Así como el que nuestros representantes voten sin haber consensuado adecuadamente con la coalición de organizaciones e instituciones relacionadas con los parques nacionales.

«Resulta inexplicable que un proyecto de esta relevancia, no haya sido consensuado, integrando los aporte y valoraciones de los técnicos y especialistas del área a fin de que ustedes puedan votar con la mayor dosis posible de racionalidad, por el país, por el presente y el futuro de la nación.

«Como electores de la provincia Duarte, hemos decidido visitarle, para participarle que permanecemos en vigilia observando su conducta frente al particular. En este orden y como un ejercicio de la democracia participativa, sugerimos a usted, valorar la postura de la mayoría del electorado que reclama:

1. Mantener inalterable el sistema de parques nacionales.

2. Rechazar las modificaciones del sistema de parques nacionales y los irracionales argumentos del veto presidencial.

3. Consensuar el proyecto con los técnicos de la coalición de organizaciones e instituciones del área medioambiental.

«Formulamos un dramático llamado de alerta al electorado provincial, a fin de que

siga conociendo de manera crítica la conducta de sus representantes.

«Estamos confiados en que al final de la jornada su liderazgo será fortalecido por acoger las sugerencias de los gobernados y electores.

«Atentamente; Prof. Odilin Morel (Unión de Juntas de Vecinos), Prof. Daniel Almánzar R. (Comité Municipal de la ADP), Prof. Roberto Santos H. (Asociación de Colegios Privados), Dr. Héctor Almánzar M. (Fundación Loma Quita Espuela), y Lic. Juan Taveras (Fundación Río Jaya).»

Poco o nada hay que añadir a este ejemplo francomacorisano.

[b]((Alerta Roja!! Nos enajenan el agua dulce[/b]

Sujetos económicamente de un tiempo acá a organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo; envueltos más recientemente en las negociaciones que se realizan con la Organización Mundial del Comercio y con los acuerdos ALCA y TLC; y actualmente, amenazados con el desmantelamiento de nuestras áreas protegidas, los dominicanos asistimos a otra «propuesta de desarrollo» definitivamente intolerable: la privatización de las aguas dulces.

Entre las exigencias para los modernos acuerdos económicos internacionales se incluye la utilización de los recursos de agua dulce como materia de bienes, servicios o inversiones, lo que significa que nuestras aguas estarían expuestas a ser utilizadas como alternativas de cobro por parte de los organismos que intervienen en nuestra economía.

Advertido desde hace mucho tiempo, la causa de una posible confrontación bélica mundial puede darse por el agua. Por lo que los recursos de agua dulce han pasado a ser de interés estratégico, y quienes controlen las aguas dulces controlarán las decisiones en términos de guerra incluso.

Por otro lado, la pérdida del dominio sobre las aguas dulces de parte de nuestras comunidades las expone a la más rápida y desastrosa depauperación jamás conocida.

Muchos países de américa ya se encuentran conformando una red para la defensa de las aguas dulces y para evitar que éstas sean tomadas y privatizadas por las instituciones de crédito internacional o por sus representantes en los diferentes países de América Latina y el Caribe.