Hace cinco años advertíamos la gravedad del despilfarro que acarrearían los Juegos Panamericanos.

Nunca oímos reflexiones convincentes justificándolos.

Las evidentes precariedades nacionales desaconsejaban aquellos onerosos compromisos.

Ahora, ya quebrados, voces autorizadas reconocen aquel error de arriesgar la estabilidad del país.

No es verdad que en agosto del 2000 los Juegos fuesen un ineludible compromiso de Estado, que obligaba al gobierno.

Hubo tiempo sobrado para desligarse de aquella locura.

Si para enajenar un inmueble de veinte mil pesos requieren la aprobación del Congreso, resulta absurdo que no discutiesen los legisladores esos compromisos de miles de millones que quebrarían al país.

Incongruente.