Cuando un fiscal incauta sin mandato judicial, suele titularse periodísticamente que «la Corte intervino». Falso.

Ahí está la raíz de la sinrazón.

Un procurador no es juez.

Cuando una Corte dicta sentencia ningún fiscal puede desacatarla.

Pero el socorrido cuento de apelar suspende toda sentencia, indefinidamente.

Ayer se publicaban distintos atropellos generados por la misma

confusión.

El caso Dimargo solo se explica si no hay Estado de Derecho.

Nuestro sistema permite la confusión entre Poder Ejecutivo y Judicial, entre fiscales y jueces.

La tiranía y el despotismo contaron siempre con la sinrazón del desacato, tolerado por la Suprema.

Como ahora.