POR LLENNIS JIMÉNEZ
Participación Ciudadana emplazó ayer a las salas penales mediante instancias formales para que agilicen los casos de corrupción que consideró engavetados desde hace años. La organización cívica pidió también a la Suprema Corte de Justicia que falle definitivamente la recusación contra los jueces que conocen los expedientes del quebrado Banco Intercontinental (BANINTER) y el del diputado Radhamés Ramos García, acusado de tráfico de personas.

Asimismo, Participación Ciudadana reclamó que también la Suprema Corte falle los casos de recusación contra los jueces de la Cámara de Calificación que tienen a su cargo los expedientes del Programa de Empleos Mínimo Eventual (PEME), las denuncias de irregularidades en el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) y el caso del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) que tiene más de 15 años en los tribunales.

El organismo deploró que nadie guarde prisión por delitos de corrupción, a pesar de la «abundancia» de pruebas en muchos de los casos.

Estimó la organización que la Suprema Corte, de mantener indecisos estos casos, puede perder fuerza moral para exigir firmeza y responsabilidad a los demás tribunales apoderados con expedientes de corrupción.

Participación Ciudadana consideró que el aparato judicial dominicano de «inerte» e «inútil» para perseguir y condenar la corrupción.

El coordinador de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado; el director, Javier Cabreja, y miembros del organismo dieron a conocer las instancias sometidas a los tribunales.

Los ejecutivos de Participación Ciudadana repudiaron el panorama de «acentuada impunidad» que padece la sociedad dominicana.

Abreu Collado dijo que Participación Ciudadana ha decidido dar un paso al frente para demandar de la justicia los fallos de los correspondientes casos.

La entidad emplazó al juez Rafael Antonio Pacheco Paulino, de la décima Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus funciones de Sexto Juez del Tribunal Liquidador, para que agilice y concluya los dos casos de corrupción que le fueron sometidos sobre los terrenos de la Bahía de las Águilas, desde 1997, y el de corrupción las Aduanas, en el año 1994.

Otro emplazamiento fue dirigido al juez Sergio Antonio Ortega, de la Sexta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que en sus funciones de juez del Tribunal Liquidador, se pronuncie en torno al caso de venta irregular de terrenos del Estado. Este caso data del 2001.

Asimismo, Participación Ciudadana demandó al segundo juez del Tribunal Liquidador de Instrucción del Distrito Nacional, Teófilo Andujar Sánchez, para que falle el expediente sobre la denuncia de fraude en el Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO).

Instó también al tercer juez liquidador, Eduardo Sánchez, a que conozca y falle el denunciado fraude del Banco Mercantil.

Abreu Collado informó que en las próximas semanas harán emplazamientos similares a otros jueces que tienen casos de corrupción engavetados, los cuales están investigando, entre los que citó el fraude a la Lotería Nacional, el de los taxis «pollitos» y el de la Asociación de Ahorros y Préstamos.

Expresó que Participación Ciudadana le dará seguimiento a los casos recientes de corrupción, como son el uso por parte de oficiales de la Policía de vehículos robados y el escándalo de lo sucedido en el Plan de Renovación de Vehículos del Transporte Público (Plan Renove).

El coordinador general del movimiento leyó un documento en el que el grupo afirma que al actualizar la investigación sobre los casos de corrupción sometidos a los tribunales desde 1983 al 2003 y que publicaron el año pasado con el título «Veinte casos de Impunidad», se encuentran con la misma situación deplorable.

Expresó que estos casos ponen de nuevo en evidencia la inutilidad y la inercia del aparato judicial dominicano, «cuando de perseguir y condenar la corrupción se trata».

Abreu Collado criticó que en todos los casos de corrupción se utilice el mecanismo de otorgar libertad bajo fianza a los inculpados y que luego los jueces apoderados se encargan de engavetar los casos o permitir que sean incidentados indefinidamente. «De tal manera, que la libertad bajo fianza se convierta en libertad definitiva sin dictar sentencia».

«Esto da lugar, incluso, a que algunos expedientes desaparezcan de los archivos de los tribunales, como ha ocurrido en el caso que se seguía contra Leonel Almonte, desde 1989», precisó el informe que fue leído en presencia de la coordinadora de la Comisión de Transparencia de la Gestión Pública, Miriam Díaz, y de los miembros del consejo directivo de Participación Ciudadana, Isidoro Santana y Oscar Grullón.

Entiende la organización que a esta «penosa» práctica no escapa la Suprema Corte, cuyo ejemplo más «patético» es la imputación que se le hace al diputado Radhamés Ramos García, de traficar con indocumentados y que tiene más de dos años sin que el tribunal sea capaz de conocer el fondo.

«Es evidente que este comportamiento del tribunal supremo del país envía una pésima señal a los tribunales del interior y le quita toda fuerza moral para exigir firmeza responsabilidad a la hora de juzgar los delitos de corrupción», advierte Participación Ciudadana.

Planteó que están convencidos de que la lucha contra la corrupción y eliminar la impunidad sólo saldrá victoriosa cuando los tribunales asuman la responsabilidad de sancionar drásticamente a los culpables, «sin importar su poder o su influencia política o económica y sin hacer distinciones por razones de apellidos o abolengo social.»

RESUMEN DE DEMANDAS

Participación Ciudadana entregó copia de las instancias que envió a los tribunales a los medios de comunicación en las que:

*Emplazó a la Suprema Corte a conocer el recurso de casación contra la apelación que declaró incompetente el tribunal de primer grado que conoce el caso del PEME, que se le sigue a Luis Inchausti, León Antonio López, Grecia María Peguero, Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe NG Cortiñas, entre otros funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

*Demandó de la Suprema Corte decidir la recusación contra los jueces de la Cámara de Calificación que conocen el caso contra los banqueros Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta y los demás implicados en la quiebra de BANINTER.

*Solicitó a la Suprema Corte agilizar el expediente contra Guillermo Radhamés Ramos y las demás personas acusadas de tráfico de indocumentados.

*También solicitó se decida el caso de corrupción en el subsidio al GLP, que entre otras personas, involucra a Ángel Lockward, Altagracia Rodríguez y José Bello.

*Además, que se siga el expediente de corrupción del INESPRE, del que se acusa a José Michelén Stefan.

*Solicitó al juez Andujar Sánchez que conozca el caso contra los ejecutivos bancarios Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, por el alegado fraude de BANCREDITO.

*Conminó al magistrado Pacheco Paulino a concluir el caso de Bahía de las Águilas, el cual se le imputa a Jaime Rodríguez Guzmán, Reyna Margarita Martínez y Rafael Antonio Rodríguez.

*También pide al juez Pacheco Paulino dictar sentencia del caso de corrupción en las Aduanas, el que se le acusa a Anisia Rissi y a otros 15 funcionarios del gobierno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que data 1994.

*Pidió al magistrado Ortega pronunciarse con respecto a la venta irregular de terrenos del Estado, que involucra a su ex administrador de Bienes Nacionales Víctor Tío y a otros funcionarios del pasado gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el que data del 2001.

*Conminó al magistrado Ortiz a concluir el expediente del Banco Mercantil por cuyo fraude figuran como responsables su ejecutivo Andrés Alejandro Aybar Báez junto a otros cinco funcionarios.