El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, intimó ayer vía acto de alguacil al coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, para que recupere los RD$100 millones, entregados ‘de forma irregular’ y en calidad de donación a un grupo de artistas populares del país.

El acto de alguacil, del que Hoy tiene copia, también emplaza al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y al contralor general de República, Luis Delgado Sánchez, por entender que estos funcionarios tienen bajo su responsabilidad el control interno del gasto y deben asegurar que los libramientos de fondos a ser ejecutados por la unidad correspondiente sea apegada a los procedimientos.

Integrar dinero al Tesoro. En el acto, contentivo de ocho páginas, De la Rosa Tiburcio otorga diez días francos para que los funcionarios señalados realicen las diligencias necesarias, con el auxilio de la fuerza pública si es menester, para la recuperación y reintegro de esos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional.

“Notifico a mis requeridos para que en un plazo de diez días francos, procedan a requerir a los beneficiarios irregulares de los RD$100 millones, en vista de que no se cumplió con la entrega del servicio contratado”, expresa De la Rosa en el acto de emplazamiento.

El abogado y catedrático universitario solicita en el acto jurídico, la comunicación del Presidente de la República, donde autoriza al coordinador del Gabinete de Política Social, el cambio de objeto, para que los 100 millones de pesos entregados a los beneficiarios, sean traducidos a donación.

“Hemos requerido la entrega de la comunicación que autoriza la donación de los fondos consignados inicialmente para el avance de las contrataciones, para que estos fueran cedidos a título gratuito, como anunciara el pasado viernes el coordinador del Gabinete”, expuso el presidente de Adocco.
Vigilar fondos públicos. De la Rosa Tiburcio señala que los fondos público, puestos en manos de los administradores, deben ser vigilados con celo por los órganos de control, por lo que es responsabilidad de la Dirección General de Presupuesto verificar que los recursos a ser liberados a la unidad ejecutoria estén avalados de manera documental, debiendo la Contraloría General percatarse de que se ha cumplido con la normativa y protocolo contable.

Afirma que luego de comprobada la violación en la contratación, que el mismo director del Gabinete Social reconoce, y debiendo ser rescindidos los contratos, como en efecto se hizo, lo que procede es retornar el pago que fue hecho de forma irregular, ya que carece de los soportes legales establecidos en las normas contables.