Aunque el reglamento interno de la Junta Central Electoral (JCE) prohíbe las actividades proselitistas a sus empleados, no es menos cierto que la mayoría de las personas contratadas entran a esa institución por vínculos políticos.

Con esa afirmación la abogada Vianney Medina Vargas, quien laboraba en el Departamento Jurídico de esa entidad, cuestiona su cancelación motivada en que a través de las redes sociales promovía la candidatura presidencial de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Expresa su parecer en una carta enviada a Roberto Rosario, presidente de la JCE:

La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. Lo que nos garantiza la protección efectiva de los derechos como personas en un marco de libertad individual y justicia, compatibles con el bienestar social. Nuestra Constitución consagra como uno de los derechos políticos y ciudadanos, el derecho de elegir y ser elegido, en atención al artículo 221 numeral 1, así como el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Este derecho es la esencia del sistema democrático, por cuanto permite a los ciudadanos y las ciudadanas participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

La democracia es una forma de gobierno, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. En respuesta a su comunicado en un periódico de circulación nacional de fecha 13 de Marzo 2012 en lo relativo a mi persona (Rosario cancela abogada que hace proselitismo en favor de la candidatura de Danilo Medina), es nuestro deber recordarle que cuando todos los sectores impugnaban ante el Senado de la República la terna en la que lo proponían como Presidente de la Junta Central Electoral, y a la vez programas y noticiarios patrocinados por el mayor partido de oposición, iniciaron una serie de reportajes y denuncias en contra de su persona, de su trabajo y de su oficina de abogados, fui de las que me solidaricé con usted, aún sin conocerle ni mucho menos recibir beneficios económicos del tribunal de comicios, mantuve una posición firme en defensa del trabajo y los logros que obtuvo desde sus pininos en esa institución como miembro suplente, con el siguiente fundamento: «El hecho de su militancia activa y reconocida en el Partido de la Liberación Dominicana, así como su condición de miembro del Comité Central de ese partido, no le quitaban ni le quitarán méritos para ocupar una función pública». En lo que corresponde a mi condición de servidora pública, permítame decirle, que si bien es cierto que el Reglamento Interno de la Junta Central Electoral prohíbe las actividades proselitistas a sus empleados, no menos cierto es el hecho de que la mayoría de los empleados contratados por ustedes entran por vínculos políticos, como fue mi caso, y que la mayoría de los miembros del Pleno también tengan definidas ante la sociedad sus preferencias políticas (Esto por su militancia activa), se contradice con el espíritu del reglamento citado precedentemente.

Procuré no ser parte de aquellos que «predican la moral en calzoncillos» queriendo estar con Dios y su adversario para proyectarse como «imparcial», olvidando sus raíces, su militancia, su membresía y cada uno de los cargos públicos que ha ocupado gracias al PLD, y mucho menos olvide que actualmente es Presidente de la JCE gracias a los 31 Senadores de ese partido, quienes a unanimidad votaron a su favor, y quienes están ocupando esas curules hasta el 2016 gracias a la voluntad de nosotros, los peledeístas. Le recuerdo que lo único que ni usted ni nadie podrán conculcarme son mis principios, mis derechos y mi talento. Me despido con el respeto y la firmeza que me caracteriza, por la puerta política entré a la Junta Central Electoral y por la misma salí, con la frente muy en alto, y lo más importante con la satisfacción del deber cumplido durante mis 9 meses.

Vianney Pamela Medina Vargas.