GALVAN, Baoruco.-  Más de 100 trabajadores de la única industria existente en la región del Lago Enriquillo pidieron al Tribunal Superior Administrativo que proteja sus empleos y haga prevalecer la decisión del organismo estatal que aprobó el establecimiento de esta empresa al amparo de la Ley 28-01, de Promoción del Desarrollo Fronterizo.

En la instancia  argumentan que la resolución sobre ese proyecto se adoptó cumpliendo todos los requisitos establecidos.

La instancia ante la corte está firmada por los abogados Luis Miguel Pereyra y Sergio Julio George, en representación de 112 trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA).

 Sostienen que es la única firma nacional que fabrica rones y licores agrícolas, ubicada en una zona de marginalidad y exclusión social protegida por la Ley 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo formada por las provincias de Pedernales, Baoruco, Independencia,   Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi,  y Santiago Rodríguez.

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha solicitado al tribunal, a través  de una acción cautelar contra esta industria y otras existentes, la suspensión de su permiso para operar al amparo de la Ley 28-01,  alegando que se vulneran los derechos de sus asociados porque las decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado nacional.

Además interpuso un recurso contencioso administrativo para que las autoridades revoquen los permisos.

La ILLA  y otras seis industrias fueron autorizadas a instalarse y operar al amparo de la Ley 28-01 por el Consejo de Coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo, en la asamblea del 26 de julio pasado.