Dirigentes de organizaciones comunitarias, sociales y de amas de casa sugirieron la elaboración de un verdadero plan de viviendas a bajo costo, eliminar los impuestos a productos de consumo masivo y un plan serio de generación de fuentes de trabajo, como alternativas para disminuir la  violencia e inseguridad en la sociedad dominicana.

De igual modo, que los ayuntamientos se integren a las labores comunitarias, tras señalar que no cumplen con los presupuestos participativos que contempla la Ley 176-07.

Al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Ana Vertilia Cabrera, presidenta de la Asociación de Comités de Amas de Casa, explica que las madres son las que más sufren los embates de la inseguridad y la violencia que afecta a la población.

Reconoce las buenas intenciones del presidente Danilo Medina con el Plan de Seguridad Ciudadana, pero no basta con ello, mientras existe una población joven sin trabajo, una deficiente educación, salarios de miserias y un costo de la vida que cada vez se torna inalcanzable.

De su lado, Román Batista, director Ejecutivo de Ciudad Alternativa, considera que el Estado es responsable, en gran parte, del estado de inseguridad, ya que no garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la vivienda, servicios básicos estables y de calidad, fuentes trabajos dignos, pero tampoco precios asequibles para la mayoría que no dispone de los recursos para comprarlos.

  Señala que a partir de la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado, el costo de la vida se ha disparado, mientras el poder adquisitivo de la mayoría disminuye, lo que genera inestabilidad en la familia y al mismo tiempo violencia en los hogares que se traslada a la sociedad.

En esto coinciden también Chichí González, coordinador del Comité Para la Defensa de Los Derechos Barriales (COPADEBA), Danilo de la Cruz, coordinador de Organizaciones de la Zona Norte y Gabino Hernández, coordinador de Acción Comunitaria para el Progreso (ACOPRO).

Estiman que ante la falta de verdaderas políticas sociales del gobierno, el tráfico y consumo de drogas encuentran el terreno abonado para penetrar y desarrollarse.

Cuestionan que la Policía Nacional pretenda combatir la criminalidad y garantizar seguridad mediante método de las ejecuciones extrajudiciales o los llamados “intercambios de disparos” una práctica que en los últimos días han llevado a la tumba al menos 10 jóvenes, sin contar los más de 400 que cayeron mediante esa práctica el año pasado, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el vespertino El Nacional.