ROSARIO ESPINAL
Con o sin estadísticas oficiales en manos, la sociedad dominicana siente constantemente los efectos nocivos del aumento en la frecuencia y magnitud de los actos delictivos. Se dice y repite que la criminalidad es un fenómeno multicausal y en el debate actual se agregan causas para explicarla. La última que provocó revuelo es que el Código Procesal Penal es disfuncional porque dificulta la captura y castigo de los delincuentes.

En las diversas explicaciones y soluciones propuestas se evidencian buenas intenciones, las orientaciones ideológicas de los opinantes, las tendencias discriminatorias hacia ciertos grupos sociales, la búsqueda de chivos expiatorios o la actitud de autodefensa de los responsables de solucionar el problema y no lo hacen.

En medio de la telaraña explicativa que se baraja, es importante enfatizar que la delincuencia, para convertirse en un fenómeno social de envergadura, necesita una estructura organizada que la apoye y proteja. Esa estructura sólo puede existir con una participación importante de los poderes públicos en las actividades delictivas.

La explosión de la criminalidad que se ha producido en República Dominicana en los últimos años es producto de la correspondencia acumulada, a través del tiempo, entre un mayor nivel organizativo de la acción criminal y una desorganización del Estado para proteger la ciudadanía.

El robo de vehículos, el contrabando, el narcotráfico, el lavado de dinero, los asesinatos y asaltos serían difíciles de realizar sin el consentimiento explícito o implícito de sectores de poder, porque son actividades delictivas complejas o extensas en su territorialidad.

La complicidad de los poderes públicos en las actividades delictivas imposibilita al Estado para cumplir con su función primordial de proteger la ciudadanía, mientras la criminalidad se convierte en una nueva forma de violencia estatal contra la población.

Para combatir la criminalidad organizada no es suficiente el despliegue de policías o la modificación de una ley, porque muchos delincuentes son parte de estructuras organizadas dentro y fuera del Estado.

Lo fundamental es sanear el estamento político, militar-policial y judicial para que las redes delictivas no continúen ancladas en esos órganos, socavando las medidas que podrían debilitar su emporio criminal. Los cambios sólo podrán lograrse con mucha voluntad política.

La controversia pública que genera el secretario de Interior y Policía cuando reitera que miles de policías realizan trabajos que no responden a sus funciones de vigilancia pública, es simplemente una muestra de la irresponsabilidad del Estado Dominicano ante el deber de garantizar el orden público.

Si la denuncia de Interior y Policía es cierta, el jefe de la Policía Nacional debió hace tiempo corregir el problema. Si la denuncia es falsa, debió aclarar cuántos policías hay en la institución, dónde están asignados y qué tareas realizan.

Esta información es básica para que la ciudadanía comprenda los esfuerzos que hace o no hace la policía y si necesita más recursos para cumplir con sus obligaciones.

Porque lanzar más dinero a la Policía, que según su máximo superior no cumple adecuadamente con sus funciones, no es solución al problema.

Por otro lado, en un país pequeño como República Dominicana y con buena comunicación vial, es inconcebible que existan redes fuertes de narcotraficantes, que aterricen aviones con cargamentos, que se lancen de barcos o que penetren en gran cantidad por la frontera como se denuncia.

Eso sólo ocurre cuando el Estado está organizado para apoyar las actividades delictivas y está desorganizado para proteger la ciudadanía.

Es cierto que factores socioeconómicos como la pobreza, los desequilibrios económicos o la deserción escolar inducen a la criminalidad. Pero para prevenir o resolver estos problemas también se necesita un Estado organizado para la consecución del bienestar común.

Es muy probable que de los muchos pobres que surgieron entre el 2003 y 2004, producto de los desfalcos en el sector público y bancario (nadie todavía ha sido sancionado), hayan surgido nuevos delincuentes. Es también muy probable que ante las dificultades económicas de la clase media y media baja para asegurar o mejorar su posición social se formen nuevos delincuentes.

La realidad es que ya sea mediante transacciones económicas delictivas, asaltos a mano armada, o el menudeo criminal callejero, personas de clase alta, media y baja son partes del engranaje delictivo que opera de manera extensa en la República Dominicana.

Cuando la delincuencia se expande y se organiza en diversos estratos sociales, y el Estado es incapaz de garantizar la seguridad pública, el temor de la gente aumenta exponencialmente y su impotencia genera ganas de revancha y control.

En las democracias infectadas de delincuencia esas ganas se expresan a nivel político en las ansias de “mano dura” para restablecer la seguridad pública.

Ese deseo de ejercicio violento del poder público para enfrentar la violencia criminal erosiona la vocación cívica de la ciudadanía y aleja la posibilidad de fortalecer una verdadera institucionalidad democrática basada en derechos y responsabilidades civiles.