La Organización Cisneros aclaró ayer que el traspaso inmobiliario que realiza en terrenos de la zona costera de Miches, a nombre de su compañía Inversiones La Querencia S.A,  son “completamente legítimos”, ya que los campesinos que los ocupaban fueron declarados “ocupantes ilegales” por sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

En una comunicación, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Organización Cisneros, Antonieta Mendoza de López, refuta una nota  que publicó este diario el  5 de agosto.

La publicación se hacía eco de la denuncia de unas 30 familias  campesinas, que aseguraban que la empresa La Querencia S.A trataba de adueñarse “por la fuerza” de unas 5,500 tareas, en que vivían de hacía décadas.

Los terrenos están  en Costa Esmeralda y Punta del Rey, Miches. Allí la empresa contempla construir el proyecto turístico Tropicalia.

“El artículo se refiere a situaciones del pasado que claramente fueron dirimidas en los tribunales correspondientes”, afirma la carta, en que se explica que durante el proceso de compra de las tierras salieron a relucir supuestos propietarios de las mismas.

En ese orden, aclara que los campesinos fueron declarados ocupantes ilegales, mediante sentencia 8072 de mayo de 1972, que fue expedida en abril de 2007.