La compañía Lajún Corporation, que administra el vertedero de Duquesa, calificó hoy como totalmente selectivas, desproporcionadas y subjetivas las «amenazas» del ministro Francisco Domínguez Brito a esa compañía, por la presunta violación a la Ley General sobre Ambiente y Recursos Naturales.

Lajún Corporation se defendió así de la orden de acción pública y persecución solicitada el pasado viernes por Medio Ambiente a la Fiscalía de Santo Domingo, en contra de Adrian Christopher Lee Chin y al civilmente responsable Lajún Corporation, por la alegada violación de los artículos 174, 175, 176 de la Ley no. 64-00 sobre Medio Ambiente.

«Existen otros vertederos en el país que padecen los mismos problemas de incendio, algo bastante común en el sector de los vertederos», enfatizó en un comunicado emitido la tarde de hoy, el cual precisa «que nunca han escuchado ningún tipo de multa al respecto, como por ejemplo, el vertedero de Rafey».

Aclara que esa compañía no está violando ningún contrato, sino que «simplemente» tiene ante sí que afrontar un cúmulo de contratos ya expirados. «Y los pagos, la verdadera cuestión litigante con la administración pública», enfatiza.

En ese sentido, indicaron que como insistentemente han reiterado siempre, en esta ocasión también nacen saber a la opinión pública que unos municipios están pagando muy poco, sin que esto llegue a USD$2 por tonelada, «provocando una insostenibilidad real de la operación».

Agrega que otros municipios, directamente, ni siquiera pagan. «Con respecto a esa insostenibilidad, es totalmente respaldada por la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) que recomienda que Lajún debe recibir al menos USD$9 por tonelada de basura, y por la Fundación Economía y Desarrollo, que incluso aumenta esa cantidad a USD$11 necesarios para una adecuada operatividad en Lajún.

“Es simple como toda operación privada, no podemos gastar más dinero del que ingresamos. Cualquiera puede entenderlo”, apunta el comunicado.

Abuso de poder. Lajún Corporation reseñó que lo lo antes mencionado, y especialmente por las acusaciones que, a su juicio, son injustificadas, desproporcionadas y selectivas, «perciben, como cualquier inversión extranjera percibiría en las mismas circunstancias, un claro abuso de poder del Ministerio de Medio Ambiente«.

«Cualquier acción jurídica contra Lajún sería injusta porque su comportamiento no es diferente al de otros vertederos del país. En definitiva se trata de un problema económico que los municipios parece que no tengan la intención de pagar un precio justo para operar», indica.

No obstante, dio garantía de que continúan «estrechando la mano al Gobierno» para buscar una solución efectiva, real y técnica, fundamentada en la obtención de un precio justo por tonelada para operar que resolvería directamente la crisis actual y beneficiaría a todos los ciudadanos.