La Constructora López Carias aseguró que ejecutivos del Grupo Barceló ordenaron el decomiso ilegal de mercancías por valor de RD$20,000,000 que poseían en varias tiendas, cuyo contrato de alquiler estaba vigente.
Dijo que la acción se llevó a cabo en la noche y sin orden judicial, de ahí que interpusiera una querella por robo agravado.
Asimismo señalaron que la sentencia, dictada el 23 de noviembre de 2011, que condenó a los ejecutivos de Barceló a cinco años fue adoptada por un tribunal colegiado y no por un juez interino.
Dijo, además, que con las publicaciones en diferentes medios, el Grupo Barceló busca influenciar en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís que tiene previsto conocer el caso el día 20 de este mes.
La Constructora López Carías, propiedad del señor Pedro Sepúlveda Miniño, tenía rentadas tiendas en el complejo hotelero Bávaro. Sus abogados son Ana Cecilia Morún, José Manuel Alburquerque y Pablo Jiménez.
El grupo Barceló ha cuestionado la condena a prisión, al alegar que se trata de una litis de carácter civil y comercial relacionada con un embargo ejecutado por una empresa del complejo, en locales alquilados cuyo contrato se había vencido y el inquilino, además, no pagaba.
En documento enviado a Hoy, la empresa López Carías refiere que el 15 de febrero de 2006 suscribió un contrato con la compañía hotelera Bávaro para el alquiler de cuatro locales comerciales ubicados en las instalaciones del Complejo Hotelero Barceló Bávaro, en la playa de Bávaro de la provincia La Altagracia. Explica que luego, en diciembre de 2008 y junio de 2009 representantes de la hotelera ordenaron al personal de seguridad que rompieran los candados de las tiendas y tomaron las mercancías. Dijo que también sustrajeron bienes de una habitación del hotel alquilada por Sepúlveda.
La constructora señala que el Ministerio Público puso una serie de escollos durante toda la instrucción de la causa, llegando a engavetar por más de un año la querella con constitución en actor civil.
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Chantaje y poder
Al pedido de seguridad jurídica que hace la hotelera, López Carías señaló: sin duda existe inseguridad jurídica en un país en que los canales legales no son agotados y en el cual el poder económico emplee chantajes en contra de los poderes públicos.
La empresa critica, además, que el propio tribunal que condenó a los hoteleros, también lo excluyera como actor civil del proceso.