Carlos Peña 
El acuerdo inicial entre el Estado dominicano y la constructora brasileña Odebrecht contempla la devolución de 184 millones de dólares, equivalentes al doble del monto reconocido en sobornos por la referida empresa.
Sin que ésto sea limitativo, representa una victoria en éste tan oscuro proceso que ha convocado a sectores de la sociedad a reclamar una ventilación plena de este tema. Este triunfo debe perpetuarse en la memoria nacional con el propósito de que las futuras generaciones siempre mantengan presente la necesidad de manejarse con integridad en todos los aspectos de la vida.
Es por tal razón que estamos proponiendo la utilización de esos recursos, o sea, los 184 millones de dólares, para la creación de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones de República Dominicana, para la cual no será necesario realizar inversiones en la instalación de fibra óptica, pues el Estado dominicano ya cuenta con ella en la Empresa de Transmisión Eléctrica ETED, propiedad pública también.
Del mismo modo, no se necesitarán inversiones notables en la creación de una red de oficinas comerciales para atención al cliente, pues se podrían utilizar las mismas oficinas comerciales de las tres Empresas Distribuidoras de Electricidad, propiedad absoluta del Estado dominicano y a la vez diseminadas por toda la geografía nacional.
En vista de que esta Empresa Estatal de Telecomunicaciones dispondría del sistema de red de fibra óptica más grande del país y probablemente de la región del Caribe, el Estado estaría en condiciones de suministrar servicios de data, voz y todo lo vinculado a la internet, en condiciones muy superiores a las actuales servidoras de las Telecomunicaciones en el país.
El proyecto está más que justificado si partimos de la simple premisa de que la administración pública gasta en servicios diversos de Telecomunicaciones aproximadamente 130 millones de dólares, con lo cual nos atreveríamos a afirmar que en caso de tan solo contar con los clientes públicos, esta gran empresa ya sería súper rentable.
