La Comisión de Licitación que dio como ganadora a empresa Odebrecht para construir las dos plantas de carbón de Punta Catalina pasó por alto especificaciones técnicas, legales y financieras en detrimento de los demás oferentes, según consta en una carta enviada a monseñor Agripino Núñez Collado por los representantes del Consorcio IMPE, una de las empresas que participó en la licitación.
Los ingenieros Raúl Cabrera y Manuel Sebastián, gerentes de esa compañía, explican a Núñez Collado, presidente de la comisión especial que investiga el referido proceso de licitación, las irregularidades que se según ellos se habrían cometido para favorecer a la Constructora Odebrecht.
En el documento establecen que la comisión de licitación obvió una disposición del Congreso Nacional que fijó en un máximo de US$1,500 millones el costo de las dos plantas, precisando que “el financiamiento ofrecido no podrá ser inferior al financiamiento mínimo requerido”.
Asimismo “que la emisión de bonos soberanos en el mercado local e internacional no será considerada como oferta de financiamiento válida”.
Contrario a esas disposiciones se escogió a Odebrecht, la única de las cuatro empresas participantes que carecía de una oferta de financiamiento, y cuya propuesta económica superaba el tope establecido por el Congreso Nacional, ya que alcanzaba los US$2,040 millones, según explica en la misiva.
Esa oferta también superaba, en US$1,140 millones, “a la mejor oferta económica presentada por el consorcio constituido por IMPE y la firma china Gezhouba Group Company, por valor de 900 millones de dólares”.

Cabrera y Sebastián explican además que las demás propuestas las presentaron la empresa china Son Secop III, con US$1,150 millones, y la compañía coreana Posco, con US$1,200 millones.
“Las tres empresas descalificadas presentaron propuestas económicas con valores aproximados y siempre por debajo del tope establecido por el Congreso Nacional en el presupuesto del año 2014.
Partiendo del monto contratado con Odebrecht-Tecnimont el costo “de un megavatio instalado en las plantas de carbón asciende a 3.4 millones de dólares, mientras ese mismo megavatio ofertado por la compañía china Gezhouba Group Company tiene un valor de 1.3 millones de dólares”.
Para los representantes del Consorcio IMPE “esas graves irregularidades” habrían sido las razones por las cuales “los reconocidos técnicos Ramón Flores e Isidoro Santana, miembros independientes de la comisión de licitación, se negaron a validar con sus firmas el documento informe firmado por los demás integrantes, todos empleados de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que daba como único precalificado en la parte técnica a Odebrecht-Tecnimont”.

Detalles a observar. En el documento entregado a Núñez Collado se le recomienda a la comisión que analiza el citado proceso de licitación tomar en cuenta que “Stanley Consultants fue la empresa contratada para elaborar los documentos de precalificación y de la licitación. Luego aparece como la empresa evaluadora de las propuestas técnicas. Sin embargo, la misma empresa aparece más adelante con un suculento contrato de “Servicios Profesionales”, para la supervisión y ejecución del proyecto, por la suma de US$ 24 millones, 976,000.00”.
Asimismo, que se cambió el lugar donde se instalarían las plantas, pues en las bases se indicaba que sería en Azua, en un terreno declarado de utilidad pública. En cambio, la obra se levanta en Punta Catalina, Baní, “en un terreno en donde el Estado dominicano no tiene control legal”.
De igual modo que Odebrecht nunca presentó una garantía de financiamiento para la ejecución del proyecto, tal y como se exigía.
En la base de precalificación se planteaba que los oferentes debían estar exentos de jucio abierto, local o internacional. Sin embargo, “tanto Odebrecht como Tecnimont tenían procesos judiciales abiertos en Brasil y en Chile, respectivamente”, dice el documento.