La Suprema Corte de  Justicia (SCJ) fue apoderada ayer de una querella  contra el director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA),  Hotoniel Bonilla, acusado por una compañía de comunicaciones de proceder de manera irregular en un allanamiento.

El propietario de la empresa T.R. Williams Comunications S. A., Teodoro Ruiz, por intermedio de sus abogados, pidió a la SCJ condenar al procurador adjunto al pago de RD$200 millones de indemnización por los daños que hizo a las instalaciones de su domicilio comercial.

De acuerdo con la instancia, Bonilla, “abusando de su poder” violentó por cinco horas el domicilio comercial de la empresa sin dejar ningún tipo de constancia de acta judicial, ni copias del auto de juez de instrucción que ordenó el allanamiento.

Documentos Indrhi. En la instancia se hace constar que el allanamiento fue autorizado por la jueza Marcia Raquel Polanco De Sena del Segundo Juzgado de la Instrucción bajo el alegato de  que en esa oficina “presumiblemente” se encuentran ocultos documentos como facturas, recibos, contratos, cheques y otros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

 Al respecto los abogados Diego Babado Torres y Ángel Moreta dicen en su instancia que se trata de una presunción contra una persona que no es funcionaria del Estado, “sino un particular que es periodista y abogado que reúne las condiciones de empresario en un libre mercado, y ello revela una actitud discriminatoria e improcedente por parte de la solicitud incoada por la Procuraduría General de la República”.

  Señalan además,  que a la fecha no existe expediente judicial a cargo del querellante ni de la compañía   y que su propietario no tiene antecedentes penales que puedan “ensuciar su trayectoria”.

Pidieron a la SCJ     declarar culpable a Bonilla de abuso de poder y violación del domicilio, “en atropello de los artículos 114 y 184 del Código Procesal Penal Dominicano cometidos en  un allanamiento ilegal, improcedente y dañino”.