El empresario Manuel López Pérez denunció ayer que fue apuñalado 32 veces por su chofer, David Moronta Castillo, quien luego desde la cárcel de La Victoria interpuso una dimisión, que originó un embargo ilegal contra su persona física y no a su fábrica, que era la demandada.

Afirmó que una notaria sin juez y sin fuerza pública irrumpió en su casa a la fuerza, pese a que apeló el caso, cargó con su automóvil y cuando fue reportada a la Policía fingió ser jueza frente a los agentes.

Narró en visita a HOY que su socio Tulio Luna Pichardo igual fue víctima de ilegalidad al despojarlo de su yipeta en plena calle pasadas las 6:00 de la tarde.

Explicó que los problemas empezaron la madrugada del 24 de diciembre cuando estaba en un lugar público y después de que abordó su vehículo no se sintió bien y no pudo por tanto responder las llamadas de su esposa y que su empleado tampoco lo hizo.

Por esto, contó, cuando llegaron a la vivienda su compañera le reclamó al chofer y amenazó con cancelarlo por los inconvenientes que su comportamiento irresponsable

les traía desde hace tiempo.

Según López Pérez la reacción del hombre fue herirlo, de tal modo que estuvo en pronóstico reservado.

Aseguró que el Ministerio Público halló sedantes en el carro de Moronta Castillo, por lo que cree lo dopó la noche previa al ataque.

Dijo que fue detenido, pero la Policía alegó que ese día no había fiscal para conocer el caso y lo soltaron, pero fue reapresado.

Calificó un abuso de la jueza Carmen Alexandra Reyes, de San Cristóbal, que lo condenara a indemnizar a su agresor, después de lo que le hizo y que encima quiera obligarlo a pagar salarios que no debe.

“No tengo ninguna garantía con esa magistrada. Está por encima de la ley. Ni siquiera me dejó presentar las pruebas”, se quejó.

Expuso que el 5 de enero fue demandada su empresa Plastadm Holding SRL, en Haina, en cuya nómina aparecía Moronta, pese a que laboraba para su residencia, lo que le permitía estar en la Seguridad Social.

López Pérez aseguró que los abogados de su agresor han cometido tropelías con las que afectaron a otras a otras personas.

Lamentó “el desastre que registra la justicia en esa provincia” y llamó al Poder Judicial a tomar medidas.