El presidente de la Asociación de Industriales de Herrera (AEIH) Antonio Taveras Guzmán, consideró ayer que los mensajes y acciones del Gobierno de los Estados Unidos sobre el manejo dado al caso Odebrecht en el país, “constituyen un fuerte cuestionamiento a las instituciones dominicanas y ponen en entredicho la seguridad jurídica”.
Dijo que si en República Dominicana funcionara un verdadero sistema de consecuencias, y el Ministerio Público fuera independiente, “la ciudadanía no estuviera sufriendo la vergüenza y el bochorno” de ver a poderes foráneos insinuando cómo la sociedad dominicana debe enfrentar uno de los más grandes escándalos de corrupción de su historia.
Agregó que la suspensión del visado y el congelamiento de activos en territorio norteamericano a Angel Rondón, uno de los imputados en el caso Odebrecht aquí, “es una objeción a nuestra administración de justicia”.

Sostuvo que de igual manera se interpreta el artículo publicado en un diario nacional por Robert Copley, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, quien advirtió que su gobierno no hará silencio frente a la impunidad relacionada con los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana.

Indicó que desde su encabezado hasta la última línea, el artículo de marras publicado en el Listín Diario, “retrata el escaso desarrollo institucional del país y la desconfianza en la justicia”.

El empresario señaló que en los países donde Odebrecht pagó sobornos ha habido consecuencias, “mientras que aquí las acciones adoptadas están más próximas a una distracción que a un caso seriamente judicializado”.