Hoy 
POR MARIO MENDEZ
Representantes del sector empresarial consideraron necesaria la eliminación de las ventajas fiscales derivadas en la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, en detrimento de las demás empresas establecidas en el territorio nacional.
«Con la actual reforma tributaria tenemos una oportunidad para limitar los daños que pueden causar estos incentivos desmedidos en favor de quienes se acojan ala referida Ley», expresó uno de los empresarios que habló sobre el tema a la sección económica de Hoy.
El proyecto de reforma tributaria elaborado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y sometido recientemente al Congreso, contempla en su artículo 29, la supresión de las exenciones del impuesto sobre la renta y el ITBIS dispuestas por la Ley 28-01 que establece una Zona especial de Desarrollo Fronterizo.
En opinión de los empresarios, la Ley 28-01 «constituye una inequidad distorsionante en perjuicio del sector productivo nacional, porque ofrece un tratamiento discriminatorio que afecta a las demás inversiones, además de favorecer la evasión fiscal en gran escala en detrimento de los ingresos tributarios del Estado».
Se explicó que esta Ley ofrece a las empresas ya instaladas y a establecerse en siete provincias dominicanas de la frontera con Haití, exención total en el pago de los impuestos internos, de aranceles de aduana sobre materia prima, equipos y maquinarias, «así como cualquier tipo de impuesto», durante un período de 20 años.
Adicionalmente, se les otorga un 50% de exención en el pago de uso de puertos y aeropuertos por igual período.
Se planteó que «estas extraordinarias ventajas impositivas que otorga dicha Ley representan una grave distorsión al régimen tributario que rige para las empresas que operan en el mercado nacional, pues se crean beneficios especiales de Zona Franca dentro del territorio dominicano (que sólo cuenta con 48 mil kilómetros cuadrados) sin que medien las restricciones que tienen las empresas de Zona Franca para la venta de los productos terminados en el mercado local».
Un industrial consultado al respecto dijo que «no es justo que las empresas que se establezcan en la frontera no paguen nada, absolutamente nada, ni impuesto sobre la renta, ni aduana, ni ITBIS, ni selectivo, pues al dejar de cumplir con estos tributos, se crea una competencia desleal para los demás productores.
«En poco tiempo serán muchas las industrias que irán a la ruina por la tremenda distorsión fiscal que establece la Ley 28-01», expresó.
Se explicó que «son muchos los productores nacionales en las ramas de cemento, varilla, ron, cerveza, jugos, refrescos, envases de plásticos, fundas de papel, pinturas y otros más, que han dado su apoyo a esta eliminación de las exenciones fiscales previstas en leyes de incentivos, ya que con esta medida se evitarían los problemas que provocaría la desaparición o el traslado de muchas empresas establecidas en el territorio nacional con la pérdida de empleos y de capital invertido».
«De continuar manteniéndose los incentivos de la Ley 28-01 -dijo otro empresario entrevistado-, la mayoría de las empresas tendría que trasladarse a la frontera para así no pagar impuestos, pues no es justo que unos tengan que afrontar un aumento en la carga impositiva, como se plantea en la actual reforma tributaria, mientras que otros que se han instalado apenas unos kilómetros más hacia el oeste no paguen absolutamente nada».
Se planteó que otorgar estas exenciones constituye «un absurdo, un contra sentido, en momentos en que el Estado dominicano necesita de recursos extraordinarios para recuperar la estabilidad macroeconómica y estabilizar la tasa de cambio, para evitar con ello que continúe la escalada de aumentos en los precios de los productos básicos de consumo diario».
