El momento histórico en que se ha celebrado la Tercera Gran Convención Empresarial, encuentra al empresariado dominicano atravesando por una de sus peores crisis de la época moderna.

Para los empresarios criollos, nada resulta más importante en estos momentos que el gran problema de las finanzas públicas y en este sentido, lo fundamental ha pasado a ser como cubrir el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que de solo un 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB) se elevó a 2.3% en el 2003 y se proyecta que ascenderá a 3.5% para el 2004.

Este déficit, a diferencia del saldo del Gobierno Central, tiene la particularidad de que no dispone de financiamiento externo para cubrirlo, por lo que de inmediato se traduce en un problema de expansión monetaria, con repercusiones terribles para el buen desenvolvimiento de los agentes económicos.

Según el documento de trabajo de la Agenda Empresarial para el Desarrollo, elaborado por Ecocaribe, el restablecimiento de la estabilidad impone una gran urgencia a la recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, lo que demanda, por un lado, una reforma fiscal integral. Esto es, que ataque el problema por el lado del gasto público y de ingreso y, por el otro, la consolidación de reglas monetarias que eviten que se repita lo acontecido con el Banco Intercontinental (BANINTER) y otras entidades financieras.

Para el empresariado, lo primero es que el Gobierno tiene que entender que el país vive una situación excepcional y que no puede pretender seguir operando como antes. Por ello, hay que insistir en la necesidad de recortes y racionalización del gasto público, suprimiendo todo lo que sea gasto superfluo o de dudosa prioridad. Si bien esto, desde hace tiempo ha sido considerado como algo conveniente para el desarrollo, ahora se impone como algo vital.

Adicionalmente, el gobierno deberá desprenderse de los activos de su propiedad que sean necesarios, o buscar financiamiento externo a largo plazo para eliminar la deuda del Banco Central, pues el país no puede seguir conviviendo con esa carga, ya que la misma estaría gravitando pesadamente sobre la marcha de todo el aparato productivo.

Aún así, mientras esto no se resuelva, se estaría hablando de un déficit global del sector público consolidado – si se contabiliza la recompra de las empresas distribuidoras – de casi el 6% del PIB en el 2003 y que no parece que tenderá a bajar por debajo del 4% en los próximos años.

Según el documento de Ecocaribe, resolver esto obligará a la consideración de nuevos tributos, algunos de los cuales ya se vienen aplicando.

El documento explica que la necesidad de la referida reforma no sobreviene sólo de la forma como se manejó la crisis bancaria, sino que ahora se agrega el hecho de que la devaluación masiva generó un gran incremento del costo del servicio de la deuda, sobre un endeudamiento externo ya abultado, por lo que la demanda de recursos del Presupuesto Nacional va a experimentar un incremento muy sustancial.

A ello se une la necesidad de compensar los ingresos aduaneros que se perderán cuando entre en efecto el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que se gestiona, así como la comisión cambiaria y el 1.5% sobre el valor de los ingresos empresariales.

[b]CRISIS BANCARIA[/b]

De acuerdo con el documento de Ecocaribe, una crisis bancaria de grandes proporciones, precedida por un prolongado choque externo y seguida por un tratamiento inadecuado a la misma, desde el punto de vista institucional y monetario, ha dado al traste con el proceso de crecimiento con estabilidad macroeconómica que disfrutamos durante muchos años, y que constituía el más preciado logro de la sociedad dominicana en estos tiempos.

Los esfuerzos que ahora tienen que ser emprendidos para restablecer el equilibrio, suponen un elevado costo para toda la sociedad dominicana, imponiendo cargas más pesadas al mundo empresarial, lo cual hace más complejo el ambiente en que habrá de moverse durante los próximos años.

Se recuerda que, ya antes de este episodio, el sector empresarial estaba afrontando los retos de la creación de un sistema universal y solidario de seguridad social. La sociedad dominicana había aceptado este desafío, al considerar los enormes beneficios que se espera traerá a los trabajadores y a toda la población nacional y las buenas perspectivas que abre la economía con miras al futuro.

Sin embargo, no se puede olvidar que ese sistema también les impone a los empresarios nuevas cargas, adicionales al sistema tributario, expresa el documento.

Si se agrega a lo anterior los aprestos del país para incorporarse a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como parte de un proceso de creciente liberación comercial, el panorama futuro se torna más complejo.

Según Ecocaribe, tal acuerdo implicará profundos cambios en diversos ámbitos, incluyendo el fiscal y arancelario, sin que los efectos que se anticipan para los sectores productivos hayan sido previamente evaluados.

Según la firma económica, adicionalmente, la capacidad de negociación del país en las condiciones en que se le presenta la discusión, limita fuertemente la posibilidad de que pueda defender sus intereses fundamentales.