POR CLAUDIO CABRERA
Para cuando llegue nuevamente al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista a regresar y permanecer entre el 3 y el 13 del próximo agosto, todas las autoridades del país están comprometidas a tener en sus manos el borrador definitivo de la nueva reforma fiscal que formará parte de las discusiones para evaluar los resultados del 2005 y adelantar las previsiones al 2006.

Las discusiones en torno a los alcances de esta última reforma aún estarán copando los medios de opinión pública por algunas semanas, en la medida en que el tiempo límite se acerca y los intereses de los sectores participantes logren aproximarse hacia un denominador común.

Pero algo sí es ya una realidad dentro de este proceso: los más importantes tramos impositivos con que cuenta el sistema tributario dominicano, sufrirán cambios sin precedentes.

Los empresarios, principalmente, están conscientes de que instrumentos impositivos como el Impuesto a la Trasferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como posiblemente el Impuesto Sobre la Renta (ISR), se convertirán en los principales receptáculos de esta reforma que se apoyará en variar el sesgo de un conjunto de gravámenes que, como la Comisión Cambiaria del 13% y los aranceles, obstaculizan en estos momentos la concreción de un esquema de libre comercio y el proceso de desgravación arancelaria propiciado por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-Cafta) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tal convencimiento se desprende del pensamiento de algunos empresarios y funcionarios públicos, que aunque interesados en evitar que la actual reforma desate tendencias inflacionarias, saben que la alteración de los factores impositivos en la economía, casi siempre está acompañado de una gran dosis de incertidumbre, sobre todo entre el público consumidor.

Esta ha sido la principal preocupación que tanto a las autoridades como al propio empresariado ha estado embargando, una vez se tenía por seguro que el país no podía escapar a esta otra reforma fiscal, debido al gran influjo que hacia el interior están causando las políticas de apertura comercial y económica a que ha conllevado un proceso de globalización que para todos los países ya es algo ineludible.

La firma previa de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con los Estados Unidos y su adhesión al RD-Cafta para vincular a la República Dominicana al nuevo esquema comercial subregional, obligaron a estos cambios drásticos e imprevistos por los empresarios y las propias autoridades dispuestas a acelerarlos para que el país no se quede fuera del juego económico en la región.

MUY POCOS MANUBRIOS

Al echar mano de una serie de herramientas de políticas públicas de carácter fiscal, las autoridades y los empresarios dominicanos sabían que el país no disponía de mayores instrumentos para lograr constituir una reforma fiscal que en lo inmediato fuese capaz de sustituir los actuales gravámenes a ser desmontados como producto del acuerdo.

El propósito ha sido colocar a cambio a otros capaces de lograr recaudaciones al mismo nivel que los RD$30,000 millones que dejará de percibir el país al eliminar la Comisión de Cambio y reducir los aranceles, sin alterar el rígido sistema impositivo que internamente se ha mostrado incapaz de readaptarse a rápidas condiciones cambiantes de la economía.

Tales han sido hasta ahora las tareas en que se han empeñado en llevar a término las autoridades conjuntamente con el empresariado y representantes del Congreso Nacional a través de la Comisión Técnica y en el seno del nuevo Diálogo Nacional, cuyo propósito es terminar con la confección de una reforma tributaria que, entre otros aspectos, permita al país el acceso al RD-Cafta.

Algunos empresarios consideran que el tiempo de que se dispone es bastante apremiante, en vista de que se tiene el objetivo de tener listo el proyecto para que sea conocido por el Congreso el 16 de agosto venidero, entre algunas leyes que serán sometidas por el Poder Ejecutivo.

Ante la importancia de poder contar con un instrumento que contribuya a adoptar una nueva reforma fiscal, el empresario Ernesto Vilalta, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIHE), sostiene que «hay muchos puntos de coincidencia, aunque en otros cada quien ha llevado sus propias posiciones para ser analizadas y depuradas ante el grupo, una vez reunidos en conjunto».

El ingeniero Vilalta dijo que se han tenido que hacer concesiones importantes para allanar el camino en ambos lados, «a pesar de lo cual hay algunos aspectos en los que el empresariado considera imposibles acceder, como son los de no gravar la producción en el origen, sino al final del proceso productivo para evitar mayores distorsiones».

«Hay que pensar -sostiene el ingeniero Vilalta-, que con este nuevo esquema con el que nos vinculamos al RD-Cafta y que reclama esta nueva reforma, nos estamos abriendo a una mayor competitividad y que, por lo tanto, debemos permanecer en condiciones suficientes como para continuar ofertando nuestra producción en las mejores condiciones».

Pero considera que «las propias autoridades y en el Congreso están conscientes, que si bien es cierto que los cambios deben entra en vigor para apuntalar nuestra postura dentro del nuevo contexto comercial regional, también tenemos que disponer de mejores condiciones para poder efectuar nuestras actividades productivas en plano de igualdad frente a países que como los de Centroamérica cuentan con las mayores ventajas relativas de esta subregión».

Refirió que las propias autoridades están igualmente conscientes sobre esta necesidad, «por lo que sólo se trata de que juntos exploremos los mecanismos para que la reforma se efectúe y se nos apliquen las mejoras en las condiciones de producción necesarias para que estemos en plano de igualdad con los países que ahora pasan a ser nuestros más serios contendores en materia comercial».

LOS CAMBIOS

Muchos cambios han sido propuestos para lograr la modificación en las fuentes recaudadoras del país, pero entre otros, se ha adelantado, a través del sistema de diálogo, sobre la necesidad de incrementar la base recaudadora del Itbis, gravando todos los bienes y servicios necesarios, pero dejando fuera los componentes de la canasta familiar básica.

También, dejando al margen aplicarles Itbis a los servicios médicos, a la educación privada, así como a todos los que tengan un carácter similar.

Debido al carácter abierto de la economía, en lo adelante no se aplicarán los llamados «Impuestos Selectivos al Consumo» (ISC), dado que su aplicación va en contra del espíritu de la OMC, que establece la necesidad de gravar en las aduanas las importaciones que se efectúan en los países.

De esta forma, habría que cambiar la forma de aplicar estos gravámenes para que se realicen como impuestos internos, por ejemplo, a través del pago de las placas a los vehículos considerados «lujosos», al igual que a todos los artículos importados que caigan dentro de tales categorías, bien sean bebidas, tabaco u otros artículos traídos desde el exterior.

En lo que respecta a las nuevas partidas arancelarias, los industriales y empresarios locales ratifican la necesidad de que las maquinarias no deben de pagar impuestos y que todo lo que se aplique en las aduanas, se devuelva luego como es debido a los empresarios.

A través del diálogo iniciado, los empresarios se han empeñado en proponer y buscar una solución que permita fortalecer a la industria criolla, «pero que al mismo tiempo, elimine distorsiones en nuestro sistema impositivo, al tiempo que nos permita competir en las mejores condiciones con los países del resto de Centroamérica», sostiene la empresaria Yandra Portela, presidenta de la Asociación de Industrias de la República (AIRD).

Recuerda que este sector aporta más de 400,000 empleos directos en el sector formal, mientras que ha mantenido un crecimiento sostenido por encima del 40% en los últimos diez años, no obstante la contracción económica sobre el 4% de los últimos dos años en que la crisis se abatió particularmente en forma severa sobre este sector y otros de la economía.

En adición -sostiene la licenciada Portela-, viene a constituir uno de los sectores que efectúa mayores aportes económicos al Estado. También se trata de un sector que le genera divisas al país por el alto componente de valor agregado de sus productos.

«Se trata -según afirma la presidenta de AIRD-, de buscar una fórmula que nos permita consolidar definitivamente nuestro sistema productivo, con el objetivo de igualar nuestro sistema impositivo al de nuestros socios comerciales, evitando gravar el proceso de producción antes de iniciarse para hacer más competitivo al sector productivo dominicano».