El empresariado  aspira a que el proceso electoral que culmina el 20 de mayo con la escogencia del presidente de la República,  no esté signado por el dispendio de los recursos públicos, porque de lo contrario los platos rotos los pagará  el sector productivo.

La afirmación la hizo Manuel Díez Cabral, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien explicó que “en los primeros seis meses empezamos a gastar y luego  tenemos que ponernos en cintura la segunda mitad del año, suben las tasas de interés y el que más resulta afectado es el sector productivo”.

Al ofrecer la información en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, lamentó que la campaña electoral haya comenzado antes de tiempo, ya que la  Junta Central Electoral (JCE) todavía  no la ha oficializado.

 Sobre el mismo tema se expresó Marisol Vicens, del comité ejecutivo del Conep, quien dijo que en el país no pueden seguir estas campañas tan costosas, en las que  se desangra la economía durante los meses de campaña.

Con relación al financiamiento público que reciben los partidos destacó que no están  siendo utilizados con la debida transparencia, siguen los aportes del sector privado sin límites, “por lo que esas cosas tienen que mejorar para que se pueda fortalecer la institucionalidad del país”.

A los empresarios  también se les cuestionó sobre la crisis generada en la JCE por la renuncia de Miguel Ángel García del Centro de Cómputos, quien denunció que en el organismo había un departamento paralelo, y las exigencias del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de que renuncie Franklyn Frías, director del referido departamento.

Díez Cabral refirió en tal sentido que “la JCE  se debe a los partidos, y si no hay confianza, tiene que discutirlo con los partidos para que se busquen soluciones, porque al país no le conviene llegar al 20 de mayo sin que los partidos políticos se sientan tranquilos.

Para Vicens “la confianza en el organismo electoral es un tema crítico, sensible, no debimos haber llegado a 2012 con ese tema, porque las autoridades de la JCE  deben generar  confianza en los electores”.

La institucionalidad.  El comité ejecutivo del Conep tiene la mirada puesta en el devenir de la institucionalidad del país.

En ese sentido, Díez Cabral expresó que no se puede hablar de competitividad en términos empresariales si no hay institucionalidad, si no se respetan las reglas de juego vigentes.

 “En el Conep vamos a trabajar para que la institucionalidad sea una prioridad en la República Dominicana, para que se entienda la necesidad del cumplimiento de las leyes”.

Igualmente refirió que esa entidad se uniría a cualquier movimiento social que promueva y exija transparencia en el ordenamiento jurídico del país.

Ligia Bonetti, vicepresidenta de la entidad, expresó que la sociedad debe ser vigilante y crítica del proceso de institucionalidad que vive el país.

Vicens planteó, sobre el mismo aspecto, que los empresarios desean que la institucionalidad trascienda al plano del accionar de  los partidos políticos.

“Tenemos la figura del Defensor del Pueblo, que a pesar de que tiene rango constitucional no ha habido interés en la clase política para que sea seleccionado y realice sus funciones.

“Ahora tenemos el tema de los nuevos tribunales -Superior Electoral y Constitucional- y hay muchos retos por delante en el sector justicia y, de hecho, el Conep ha expresado que los nuevos jueces tienen el reto de emprender las reformas que necesita el sistema judicial”.

 Vicens dijo además que el país no se puede seguir dando el lujo de votar leyes que no se cumplen, “tenemos suficientes normativas, y lo que nos hace falta es cumplirlas a cabalidad y no antojadizamente, esa es una parte importantísima de lo que nosotros debemos exigir como ciudadanos preocupados por el país.

Crónica ácida

La nueva ola del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), representada  en Manuel Díez Cabral, Ligia Bonetti, Lina García, Pedro Pérez González, Marisol Vicens y Rafael Paz, esbozaron en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio sus expectativas sobre el modelo económico del país, las reformas fiscales que se vaticinan   de manera apocalíptica, y la necesidad de crear un marco institucional que favorezca la competitividad de las empresas.

Precisamente uno de los temas más medulares expresado por estos en materia de competitividad es la modificación del Código Laboral porque, según sus pareceres, atenta contra la permanencia del sector productivo.

Con voz edulcorada Vicens reveló los efectos nocivos de los derechos laborales de los trabajadores dominicanos.

A saber,  68 centavos de cada peso que se paga de salario se traduce en  cargas laborales que,  según sus precisiones,  están repartidas entre la seguridad social, las reservas para pre aviso y auxilio de cesantía, bonificación anual, el pago de vacaciones y  de licencias.

Pero no teman y anoten, el CONEP aseguró que no tiene el más remoto interés en que se eliminen los derechos laborales ya adquiridos.