Empresarios haitianos, dejen pasar primero el huracán de sanciones

Empresarios haitianos, dejen pasar primero el huracán de sanciones

Joseph Harold Pierre

La nota de prensa del 8 de diciembre pasado de los empresarios haitianos donde anuncian haber puesto fin a sus divisiones interiores a favor de una “alianza sin precedentes para el cambio” invita a la reflexión. Esta nota podría ser una gran noticia para el país o un anuncio apocalíptico. Todo depende de la voluntad y la sinceridad de los firmantes. La buena noticia es que ningún país puede pretender un desarrollo sostenible sin un sector privado que no separe su afán de lucro de su papel clave en la construcción de una sociedad justa. Este sector privado crea empleo y atrae inversiones extranjeras para la formación de una clase media, sustento de cualquier democracia. Sin embargo, empresarios divididos, corruptos y secuestradores del Estado no pueden desempeñar esas funciones. Desde este marco, la propuesta del sector privado parece ser una muy buena noticia largamente esperada y anhelada por todo un pueblo.

Sin embargo, es extremadamente difícil y, de hecho, contradictorio que los guardianes del statu quo cambien su comportamiento o su visión de una forma tan radical, sin una fuerza exógena amenazadora, la cual suele ser catástrofes naturales, presiones internacionales y rebeliones internas. Lo evidencia la democratización de América Latina bajo influencia estadounidense. Visto desde este ángulo y a la luz de la historia de Haití, hay buenas razones para dudar de la sinceridad de los empresarios haitianos. Sin embargo, mediante estas reflexiones, trataré de detectar algunas pistas que permitan ver si los empresarios quieren un cambio real o si se trata solo de una estrategia para protegerse de las sanciones internacionales en un impulso de solidaridad en el mal, con el único fin perpetuar el estatus quo.

Al iniciar la nota, los empresarios aluden a sus responsabilidades sociales y ciudadanas, al declararse “profundamente preocupados por la persistencia de la crisis multidimensional que sigue sumiendo en el luto a las familias, asfixiando la economía nacional y empobreciendo a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos”.

La primera pregunta que habría que formular a los firmantes de la nota es porqué es ahora cuando se manifiesta ese “deseo de cambio”, ya que una crisis social es algo previsible. La cuestión es también hasta qué punto el sector privado dejará de financiar a los grupos armados o a los políticos criminales para detener el “duelo de las familias”. ¿Hasta qué punto está dispuesto a salir de su visión de una jerarquización social y económica basada en la sangre? ¿Hasta qué punto quiere asumir plenamente su “condición” de haitiano, desarrollando programas sociales (becas de estudios, apoyo a escuelas y hospitales, etc.) para frenar el “empobrecimiento de la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos”? Estas preguntas se respondan a través de tres acciones concretas.

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Primera acción concreta: Decir no a la corrupción

Todo está preparado para la corrupción: una administración pública incompetente e ineficaz controlada por empresarios y autoridades estatales no elegidas, sino que ellos mismos nombran extraoficialmente. Si la presión fiscal de Haití es del 6% (frente al 21% en América Latina), no se debe únicamente a la inseguridad que bloquea el país, sino también a la connivencia fraudulenta entre los actores del sector público y privado.

Se empezará a creer en la sinceridad del sector privado cuando haya presentado con lujo de detalles las medidas que tomará contra sus miembros que se nieguen a divorciarse de las prácticas corruptas. Acorde a esta idea, es sabio que los empresarios esperan el fin de las sanciones de la comunidad internacional antes de lanzar su “alianza para el cambio”. De hecho, los sancionados no deberían de formar parte de esta estructura sino luego de un juicio favorable para el cual se espera que la comunidad internacional comparta sus pruebas con el “Estado” haitiano.

Segunda acción concreta: Detener la captura del Estado

Los empresarios deben dejar de secuestrar al Estado, es decir, a la toma de la administración pública y el control de las autoridades políticas para sus propios intereses. Una señal espectacular de ello es abandonar la financiación de políticos corruptos, incompetentes y antipatriotas. De lo contrario, la crisis actual podrá doblar su velocidad a partir de las próximas elecciones, las cuales serían el comienzo de la última etapa que llevaría a la desintegración total de la sociedad haitiana, a la guerra civil para un pueblo pacífico. En efecto, los perfiles políticos que se divisan en el horizonte, en su mayoría, no parecen ser menos corruptos ni menos ávidos de poder que los que han gobernado la última década, sino que se revelarían más oportunistas e incoherentes.

Desde esta perspectiva, se espera que los empresarios establezcan criterios que un candidato debe cumplir para recibir su apoyo financiero. Obviamente, un ciudadano sancionado por la comunidad internacional o sospechado de corrupción o crímenes sin sentencia favorable no puede recibir financiación del sector privado.

Tercera acción concreta: Sustituir el espíritu de castas por la integración

La sociedad haitiana está desgarrada por una gran fractura socio-económica, colorista y étnica entre aquellos -mayoritarios y negros- que se reivindican como los “verdaderos” haitianos y los mulatos. Se rechazan mutuamente y, desde luego, se bloquea la integración social. Sin embargo, los mulatos -y los negros ricos- que definen las relaciones sociales tienen la responsabilidad de contribuir con la ruptura de esta fractura social, que es la base misma de lo que yo llamo desde hace varios años la cultura “feudo-capitalista” imperante en Haití. Sin embargo, en el caso de los dirigentes, Haití necesita a líderes inspirados de Mandela para poner fin a este espíritu de apartheid en lugar de animar el odio y la venganza.

Desde este ángulo, tres ideas nos atraen especialmente en la nota de los empresarios, las cuales son la inversión extranjera directa, la inclusión social y la fuga de cerebros. Se ha demostrado que el sector privado de un país subdesarrollado como Haití se beneficia de la inversión extranjera directa, que realiza grandes aportaciones en términos de tecnología, cultura administrativa, etc. Sin embargo, el sector privado haitiano no parece estar abierto a la inversión extranjera. La cultura de la corrupción, por un lado, y el miedo a ser socialmente desplazado, por otro, guiarían la oposición a la inversión extranjera que reconfiguraría la clase empresarial haitiana.

En cuanto a la inclusión social y la fuga de cerebros, están íntimamente ligadas. Se pregona por doquier que el 90% de las competencias de Haití están en el extranjero. Sin embargo, el 10% restante (de origen modesto) también tiene que exiliarse por falta de oportunidades. La sociedad haitiana presenta así una estructura de castas sociales en la que todo parece estar condicionado por el origen social, en contraste con las sociedades liberales y de economía de mercado en las que las posiciones están determinadas, en gran medida, por las competencias. En este marco, se espera diversidad en el personal de las empresas a todos los niveles, basada en las competencias y no en el parentesco. Lo mismo aplica a los accionistas.

Conclusión

Si los empresarios haitianos quieren un cambio real en Haití basado en la seguridad, el crecimiento económico inclusivo, la reducción de las desigualdades y la pobreza, deben divorciarse de la corrupción, dejar de secuestrar al Estado y reeducarse contra el espíritu de castas en beneficio de la integración social. El documento que se espera del sector privado haitiano, más allá de una nota de intenciones, es el de los indicadores establecidos para cada una de las tres acciones arriba propuestas y, sobre todo, las sanciones que adoptará contra los infractores. Para empezar, debería emprender cualquier iniciativa después de que pase el huracán de las sanciones de la comunidad internacional y sacar de sus filas a cualquier sancionado hasta que haya una sentencia favorable, porque cualquier sociedad basada en la impunidad está destinada a desintegrarse hasta desaparecer. Del mismo modo, deberían dejar de financiar a políticos corruptos e incompetentes para dar paso a una sociedad moderna, promotora de la economía de mercado y guiada por individuos íntegros, competentes y patriotas.

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