Entidades del sector empresarial e industrial manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto Gemerañ del Estado para 2015, ya que muchas entidades públicas se quejan de su baja asignación.

La presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Laura Peña Izquierdo, dijo que es necesario que se dediquen más recurso al gasto de capital, el cual es imprescindible para el desarrollo del país porque se traduce en resultados tangibles para los dominicanos.

Destacó que en el proyecto de presupuesto se espera un aumento de los gastos corrientes de 12.7%, sin embargo, los gastos de capital se reducen en 22.5% .

Expresó estar de acuerdo con las críticas de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sobre la baja asignación presupuestaria al sector justicia. Peña Izquierdo expresó que ANJE entiende que es una preocupación el bajo presupuesto asignado para la justicia, lo cual puede generar un colapso en ese poder del Estado.

Agregó que por falta de recursos se generan inconvenientes tales como la falta del funcionamiento de los tribunales creados por ley y la ausencia de designación de los jueces necesarios para conocer los procesos judiciales.

Expresó que además no entiende cómo se cálculo el déficit al sector eléctrico por US$900 millones si en años anteriores ha sido de US$1,200 millones.

Más recursos. Por otro lado al ser entrevistado por separado, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Víctor Castro, indicó que el presupuesto continúa siendo un reparto de chilatas pues los ingresos que está recibiendo el Gobierno son insuficientes para hacer frente a todas las demandas de recursos que tienen las entidades públicas para cumplir con sus funciones.

Resaltó que el país no puede esperar un día más sin que se discuta una reforma fiscal integral, para que el Estado pueda captar más recursos e invertir más en los diferentes sectores.

Dijo se deben identificar otras fuentes de ingresos, y de igual manera debe aprobarse una ley de responsabilidad fiscal.