Empresarios e industriales  objetaron  artículos de la propuesta de  reglamento del Sistema de Autorizaciones Ambientales que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente. Entre las objeciones están   la discrecionalidad, el alto costo de las licencias y permisos y  la publicación de los nombres de empresas sancionadas.

Asimismo, los empresarios plantearon que sean más flexibles las exigencias para construir en zonas urbanas, pues actualmente se pide declaración de impactos a recursos que son propios de  lugares no urbanizados y que   se pondere la posibilidad de que tan pronto se depositen las documentaciones se pueda dar inicio a una construcción.

Al alegar principios de buena fe, los empresarios pidieron  que  no se cancele una autorización ambiental  aún cuando se compruebe que se  emitió sin cumplir con el procedimiento establecido, ya que pone en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones  en el país.

La versión preliminar del reglamento fue presentada en diciembre de 2010 y a partir de ahí fue puesto a disposición de los diferentes sectores para que manifestaran sus comentarios.

Entre las entidades que comentaron el proyecto figuran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Renaepa), la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Sur Futuro,  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Respuestas.   Los empresarios advirtieron que el reglamento cuenta con “serios vicios de discrecionalidad” en varios de sus artículos, no quedando claramente especificados los casos, criterios y razones que el ministerio utilizaría para categorizar una autorización ambiental.

Al respecto, Medio Ambiente accedió a incluir en el reglamento que la categorización  estará  basada en la  fragilidad ambiental,  considerando el uso de suelo, capacidad regenerativa de los recursos naturales, de carga, densidad demográfica, tamaño del proyecto o cercanía con otros y potencial de impactos.

En cuanto a los altos costos de los permisos, las autoridades señalaron que están revisando los criterios y mecanismos para determinar los costos.

Con relación a las construcciones urbanas, Medio Ambiente informó que revisará  los términos de referencia.

En cuanto a iniciar un proyecto al depositar documentos, las autoridades  advirtieron “si autorizamos el inicio de una operación sin el debido proceso estaríamos desvirtuando el sentido de las autorizaciones ambientales”.

 Mientras la   objeción de   los empresarios de que se  publique  las empresas que sean sancionadas, alegando daños a la imagen, Medio Ambiente argumentó que el artículo 48 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente  faculta a ese organismo hacer de público conocimiento las firmas sancionadas por vía administrativa o judicial. Con relación a no cancelar un permiso obtenido violando  los procedimientos, Medio Ambiente dijo que se podría modificar el artículo, indicando las  frecuencias  de incumplimientos de las faltas.

Las claves

1.  Permisos permanente

Los empresarios también rechazaron que los permisos  tengan un tiempo  límite de validez, al alegar que es violatorio a la Constitución y al principio de irretroactividad de la ley.

2.  Control

Al respecto, Medio Ambiente respondió que está facultado a establecer vigencia de los permisos como mecanismo de control  para mantener un equilibrio ambiental adecuado, como manda la ley.