El Tribunal Constitucional  (TC) se reservó ayer el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad incoado por diversos sectores empresariales  que se oponen al contrato para la instalación de rayos X en puertos marítimos, por considerarlo un monopolio en beneficio de un particular.

Durante la audiencia, tanto el abogado de los empresarios, Tomás Hernández Metz, como el Ministerio Público representado por el procurador adjunto, Ricardo Taveras Cepeda, pidieron al TC la nulidad del contrato entre el Estado dominicano y la sociedad comercial  I.C.S.S.I. Mediante dicho contrato, firmado el 18 de julio de 2012, se autoriza  a la I.C.S.S.I a  instalar y operar equipos de digitalización de imágenes de rayos X en los puertos del país, para revisión de las cargas, y al cobro de tarifas. El procurador adjunto planteó al TC declarar “no conforme con la Constitución”, la resolución número 188-03 dictada por el Congreso Nacional el 15 de diciembre de 2003, así como cualquier disposición, norma o acto cuya anulación resulte necesaria por conexidad.

Los oponentes. Son el  Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); las asociaciones de Navieros, de Empresas de Zonas Francas,  de Industrias, Dominicana de Exportadores,  de Empresas de Inversión Extranjera; y las  cámaras Americana de Comercio de la República Dominicana,  y  de Comercio y producción de Santiago.