POR MARIO MÉNDEZ
El sector empresarial solicitó al Senado que se elimine la factura consular como requisito para las importaciones y sometió además una lista de proyectos que consideran deben ser aprobados con carácter de prioridad. La recién creada oficina de enlace entre el Senado y el sector empresarial consideró que la factura consular es una traba al comercio.

Indicó que este documento, que se exige como requisito para las importaciones, solamente se exige en uno o dos países en el mundo, y uno de esos es la República Dominicana.

Tanto el presidente Leonel Fernández como el ex presidente Hipólito Mejía prometieron eliminar ese trámite en sus pasadas administraciones sin que se cumpliera la promesa, indicaron.

Los planteamientos fueron hechos por David Toribio, coordinador de la oficina de enlace entre el Senado y el sector empresarial, y los empresarios Celso Marranzini, Manuel García Arévalo, Carlos Fernández e Ignacio Méndez en el Encuentro Económico del periódico HOY.

Entre los proyectos propuestos por los empresarios al Congreso, también están la ratificación del acuerdo para sumar al país al Banco Centroamericano de Integración Económica, el de Defensa al Consumidor y Usuario, el del Código de Comercio y el de Fideicomiso.

Además, los proyectos de códigos de Procedimiento Civil y Penal, General de Aguas, de Registros Electrónicos, General de Reformas de Aguas Potables y Saneamiento, de Endeudamiento Externo, de Rectificación Arancelaria, de Contraloría, el que elimina el Grado a Grado en las Empresas del Estado, el General de Aduanas, de Migración y de Reforma Presupuestal del poder Ejecutivo.

El presidente del Senado, Andrés Bautista, también le remitió al sector empresarial una lista de proyectos que reintrodujo para sancionar en esta legislatura, dijo Toribio.

Añadió que entre esos proyectos están los códigos Civil, de Comercio, Penal, de Defensa al Consumidor, el que crea el Órgano de Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) y el general de la Administración Pública. 

Toribio explicó que parte de la estrategia de la oficina para facilitar la sanción de esos proyectos fue identificar los temas en los que no hubiera divergencias importantes entre los diferentes sectores.

Los empresarios que forman parte de la oficina dijeron que se debe eliminar de la Ley 28-01 la exoneración de los impuestos al consumo, aunque se mantenga la exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta.

También pidieron que sean eliminados del proyecto de Ley de Defensa al Consumidor, los precios sugeridos, porque provocarían exceso de demandas de alguacil y violarían el principio básico de la competencia.

Marranzini, Méndez y García Arévalo, miembros de la oficina, consideraron que el establecimiento de precios sugeridos, en el marco de la ley es muy peligroso.

Específicamente, Marranzini dijo que en un país como República Dominicana, donde hay 30,000 estudiantes de la carrera de derecho “si ese proyecto se aprueba, cada uno de estos estudiantes será un potencial notificador de actos de alguacil».

Según entiende, establecer precios sugeridos en los empaques de los productos, como se especifica en la ley, provocará que los empresarios reciban frecuentes notificaciones de alguacil por supuestas violaciones a la ley.

Además, con ello se violaría, dijeron, el principio básico de la competencia que los precios se establezcan por la dinámica del mercado.

Arévalo, a su vez, sostuvo que los precios deben ser establecidos por el mercado “y quienes produzcan en condiciones ventajosas pueden ofrecerles a los consumidores mejores precios y habría un estímulo a la competitividad».

Sugerir precios, según entiende, es «volver al pasado», porque la fijación de precios ha producido distorsiones enormes.