Las leyes deben ser iguales para todos. Este es un principio jurídico universal que aboga por la equidad sin importar las condiciones sociales, políticas, religiosas o económicas de los favorecidos o perjudicados por las mismas.

Apoyándose en esta máxima, la mayoría de las asociaciones comerciales e industriales del país han pedido públicamente la derogación del decreto 402-05 emitido por el pasado presidente Leonel Fernández, que permite la importación, por «envíos expresos» sin pago de aranceles, de impuestos selectivos ni ITBIS, de miles de artículos y mercancías que compiten ventajosamente con el comercio formal.

Debido a esta situación y a los altos costos de la electricidad, entre otros factores, en los últimos dos años cerca de 5 mil empleos formales se han perdido por reducción de personal o el cierre de decenas de empresas y negocios en el país.

Partiendo de esta realidad hay que reconocer que los empresarios, industriales y centrales sindicales tienen razón al abogar por la equidad tributaria y más cuando se tiene constancias de que la aplicación del referido decreto se ha prostituido, favoreciendo comercialmente a unos pocos.

Y lo peor es que este privilegio, ilegal en su esencia, pretende ser convertirlo en ley, vía el Congreso Nacional, promovido por algunos legisladores que tienen intereses personales en el negocio como propietarios o socios de compañías de «envíos expresos».

A los promotores y defensores de esta iniciativa es necesario recordarles que el comercio y la industria son los principales generadores de trabajos formales y que mantienen un millón 275 mil empleos directos cuyos salarios, empezando por el mínimo, son superiores a los que paga el Estado a sus servidores.