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Organizaciones empresariales pidieron la revisión del reglamento 522-06 sobre seguridad y salud en el trabajo, al entender que no es aplicable ante la desviación del mismo con relación a la particularidad de las empresas.
Mediante comunicaciones, enviadas por separado, la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) expresaron su preocupación por las consecuencias negativas que ese reglamento traerá, especialmente al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) del país.
Copardom demandó retomar la revisión del reglamento 522-06 porque el mismo no se corresponde con las particularidades del sector empresarial dominicano.
El presidente de Copardom, Jaime González, sostuvo que disposiciones de cumplimiento obligatorio cuyo mayor impacto es al sector de las mipyme no son aplicables ante el divorcio de las mismas con el carácter de las unidades productivas.
Gonzalez recordó que existe una decisión para revisar el reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo ya que el mismo no recoge las particularidades del aparato productivo dominicano, donde un 75 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas.
De su lado, la AEIH advirtió que las mipyme podrían descalabrarse o migrar hacia la informalidad, con graves secuelas en el empleo, en caso de que se aplique sin consenso un reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo, que acarrea grandes costos y duplicación de gastos a los empleadores.
Hizo un llamado al ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, para retomar el diálogo que, sobre el particular, inició la entidad empresarial a principios de año con el entonces incumbente, Max Puig.
La AEIH que preside el empresario Wadi Cano Acra- manifestó que el reglamento 522-06 fue objeto de una prueba piloto entre empresas miembros de esa entidad con el resultado de que apenas pueden cumplir el 40 por ciento de la normativa.
Carga
La AEIH sostuvo que el reglamento contiene exigencias pese a que ya las empresas tienen una carga fija en el sistema de seguridad social, especialmente en el aporte del 1% del salario del empleado que ya se expresa en RD$9,000 millones ociosos en el Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Trabajo.
