ROSARIO ESPINAL
Cumbres, foros, seminarios, talleres, paneles, debates, charlas y escritos no faltan sobre la pobreza. Conocidas son las medidas, escasas las soluciones. Se sabe que para reducir sustancialmente la pobreza se necesitan tres condiciones fundamentales: salarios que se correspondan con el costo de la vida, beneficios laborales como seguro médico y pensiones, y servicios públicos adecuados.

En la República Dominicana fallan las tres cosas. El resultado es pobreza.

Si las medidas que deben adoptarse se conocen, ¿por qué no se avanza?

Primero, por las deficiencias y resistencias del empresariado dominicano para pensar y actuar como capitalistas modernos.

Un ejemplo de esto es su constante negativa a aumentar los salarios y, cuando lo hacen, es con mucha tacañería, como vimos en el recién aprobado aumento de 15% sólo al salario  mínimo.

Siempre argumentan que no podrán ser competitivos, que cerrarán las empresas y que habrá más desempleo.

Parecen vacunados contra el lógico argumento capitalista de que a mayor ingreso de los trabajadores, mayor capacidad de consumo, y por tanto, mayor beneficio para los propios empresarios. Este postulado no lo ingieren.

Se resisten a aceptar lo obvio: que los sectores de bajos y medianos ingresos destinan casi todo su salario al consumo de bienes y servicios básicos, por lo cual, un aumento de salarios redunda positivamente en el consumo.

A pesar de la evidencia, los empresarios dominicanos prefieren pagar bajos salarios, aunque vendan menos.

Con un mercado de mano de obra abundante, pueden darse el lujo de no mejorar significativamente los salarios, y tampoco mejoran su eficiencia, porque, ante cada trabajador que no acepte el salario bajo, hay varios dispuestos a realizar la misma labor por un mínimo pago.

Esta situación de salarios bajos y mano de obra abundante, se sostiene en una economía de escasa sofisticación tecnológica, donde cualquier trabajador puede realizar muchas de las funciones disponibles en el mercado laboral. Es decir, al no haber un alto nivel de sofisticación y especialización del trabajo, no prosperan las exigencias laborales por el alto desempleo.

En este contexto de pobreza socioeconómica, el Estado asume el rol de malgastador.

En primer lugar, absorbe una gran cantidad de trabajadores desempleados, que expresan su lealtad a un partido político con el objetivo de ser beneficiados con un empleo público.

En estas condiciones florece el clientelismo, porque son muchos los que se benefician de los empleos públicos en cada gobierno, y muchos más los que desearían beneficiarse cuando no tienen la dicha.

No por casualidad se acuñó el término “botella”, para referirse a los beneficiarios de un empleo público de escasas o inexistentes funciones.

En segundo lugar, los servicios públicos son muy deficientes. Esto significa que el salario complementario que deberían recibir los sectores trabajadores mediante subsidios públicos a la educación, salud, seguridad social y transporte llega de manera disminuida.

Ante el fracaso de instituir un Estado verdaderamente protector de la ciudadanía, el gobierno se especializa en distribuir recursos públicos de manera ineficiente.

A los sectores empobrecidos le otorga dádivas, ya sea mediante un empleo público de bajo salario, o a través de alguna modalidad de asistencialismo social.

El problema con los programas asistenciales es que no sacan a los pobres de la pobreza. Además, los beneficios se asignan casi siempre con criterios políticos: se ayuda a quienes están dispuestos a ofrecer lealtad al gobierno de turno.

Como la empleomanía gubernamental, al igual que los programas sociales, responden en gran medida a criterios de clientelismo político, el Estado malgasta de manera oportunista y caprichosa, recursos vitales para el desarrollo y la institucionalidad del país.

En tercer lugar, el Estado asigna grandes cantidades de recursos públicos para subsidiar empresarios y cabilderos. Esto se hace a través de concesiones irregulares de obras públicas, incentivos fiscales, o contrabando. Así se eleva a su máxima expresión la condición de Estado malgastador.

Con estas prácticas políticas, las finanzas del Estado son regularmente deficitarias, razón por la cual el gobierno recurre a préstamos en el sistema financiero nacional o internacional, lo que hace al Estado más deficitario.

Ante un endeudamiento constante, el gobierno recurre a la población para que pague más impuestos, y en estos ciclos de endeudamiento, los ajustes del Fondo Monetario Internacional son interludios para crear la sensación de estabilidad macroeconómica, de manera que el gobierno pueda recurrir a más préstamos.

Como las crisis de endeudamiento público tienden a generar inflación, la población sufre constantemente una pérdida de poder adquisitivo, agravado por aumentos frecuentes de impuestos.

Entonces, salarios bajos + servicios públicos deficientes + inflación + impuestos = pobreza.

Por eso, aún cuando la inflación aparece controlada, como ocurre ahora en República Dominicana, la gente no siente una real mejoría en sus condiciones de vida. Los empresarios siguen siendo fieles devotos de la tacañería salarial, mientras el gobierno se esmera en malgastar.