Cuatro de las principales organizaciones empresariales del país, incluyendo al Consejo de la Empresa Privada, presentaron ayer al presidente del Senado de la República un amplio documento contentivo de sus observaciones críticas al proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente Leonel Fernández. Las entidades afirman que el proyecto de reforma “cae en excesos”, coarta el ejercicio del derecho a la propiedad y manda una señal equivocada frente a los inversionistas nacionales y extranjeros. Los empresarios se  mostraron preocupados ante la posibilidad de que la nueva Constitución convierta al Estado en el competidor real del sector privado en la prestación de bienes y servicios.

El sector empresarial advirtió ayer al Congreso Nacional que el proyecto de reforma a la Constitución “cae en excesos”, coarta el ejercicio del derecho a la propiedad y manda una señal equivocada frente a los inversionistas nacionales y extranjeros.

En un documento conjunto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias, la Confederación Patronal de la República Dominicana y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) hace observaciones y oposición a decenas de artículos de la pieza legislativa.

La propuesta fue entregada al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, por el presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla, así como por dirigentes de las demás entidades empresariales.

Un abuso.  Los empresarios rechazan el establecimiento de un régimen tributario-fiscal singularizado para la adquisición y transferencia de la propiedad en la zona fronteriza.

 Advierten que la redacción del proyecto en esta materia es confusa y puede constituir un “abuso” en la discrecionalidad que pudiera darse a través de dicho régimen.

Añaden que la pieza, en su artículo 42, “consagra el Derecho de Propiedad y establece la posibilidad de expropiación sin indemnización previa en caso de “situación grave” cuando antes esto sólo se prevé en la Constitución actual en caso de calamidad pública.”

Los empresarios se quejan, además, de que el proyecto dispone la consagración del trabajo como un derecho, pero inflexibiliza, sostienen, las disposiciones al declararlas vía una Constitución y no por la legislación laboral acorde con la realidad socio-económica.

Favorecen que el Congreso pueda modificar el Presupuesto de la nación.

Ven Estado competidor sector privado

Los empresarios se  mostraron preocupados ante la posibilidad de que la nueva Constitución convierta al Estado en el competidor real del sector privado en la prestación de bienes y servicios.

Dijeron que la consagración de elementos dispersos en el proyecto de reforma “nos preocupa altamente” porque “afectan y distorsionan el régimen económico propuesto y el ejercicio de la actividad empresarial.”

Señalan entre estos elementos, la posibilidad de monopolios estatales sin ley ni control, “lo cual contradice a la Ley General de Libre Competencia en el país.”

“Nos preocupa esencialmente si habrá una aplicación con equidad de las reglas del juego y de las leyes existentes.”

Por otro lado, el sector empresarial valoró el mantenimiento constitucional de la Junta Monetaria, pero no como órgano superior de la Autoridad Monetaria y Financiera.

Evidenció la falta de independencia de los poderes, especialmente de los Legislativo y Judicial del Poder Ejecutivo, habiéndose logrado, añade, sensibles mejorías.

Rechazó la creación de una Sala Constitucional y de un Tribunal  Superior Administrativo independientes de la Suprema Corte de Justicia.

Los empresarios rechazaron también la ampliación de las discrecionalidades del Ejecutivo, entre ellas la facultad de celebrar contratos de enajenación sin pasar por el Congreso Nacional.