Hace unos días el doctor Franklyn Almeyda Rancier criticó, como si se tratara de algo pecaminoso o prohibido  por alguna ley, que el empresario Juan Vicini “se metiera tan hondo en el tema de la alcaldía del Distrito Nacional” aportando dinero y otros recursos para apoyar a David Collado, quien  finalmente resultó ganador. Según la particular lógica del exministro  de Interior y Policía, hombre cercano al expresidente Leonel Fernández, “la política es para los partidos políticos. El mercado no es para los políticos, es para los  empresarios”. ¿Y qué deben hacer entonces los políticos que como consecuencia  de su permanencia en el poder, administrando el Presupuesto Nacional, se han convertido en prósperos empresarios, como ocurre con muchos (dicen que son todos, pero eso deben ser calumnias de la oposición) de sus compañeros del Comité Político? ¿Salirse de la política, renunciar a sus ministerios, abandonar el gobierno y dedicarse exclusivamente  a   sus negocios?  El maniqueísmo del doctor Almeyda al abordar un tema tan espinoso  no es su única muestra de incoherencia, pues cuando se hizo público que un grupo de empresarios organizó una cena pro recaudación de fondos, a un millón de pesos el cubierto, para financiar al entonces candidato a la reelección, el presidente Danilo Medina, no se le escuchó protestar, ni tampoco abrió la boca cuando días  después otro grupo de empresarios de Santiago  hizo lo mismo. Y si vamos  a seguir hablando del financiamiento privado a los políticos, o de la necesidad de que, a través de  una Ley de Partidos, se transparenten esos aportes, debo decir entonces que mientras esa ley no exista siempre  serán preferibles los  empresarios que dan la cara,  cuyos intereses son de todos conocidos, a los que se ocultan tras las sombras y prefieren mantener en el anonimato sus inversiones en la industria  política y lo que esperan recibir, como utilidad neta,  a cambio de esas inversiones. ¿O no?