GUATEMALA. AP.  Pese a que la tasa de homicidios triplica la de México y jueces y fiscales mal pagados viven desprotegidos ante el crimen organizado, un equipo investigativo apoyado por la ONU para combatir la impunidad encontró en Guatemala una rígida resistencia de empresarios y políticos para investigar a criminales. 

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), investiga desde hace tres años organizaciones criminales cuyas actividades gozan de impunidad en los organismos de justicia, muchos de los cuales fueron fundados durante las dictaduras militares de las décadas pasadas. 

Entre los encausados por la CICIG están el expresidente Alfonso Portillo por corrupción, el hijo del ex dictador Efraín Ríos Montt, un ex ministro de la defensa, dos ex ministros de Gobernación, un director de prisiones, tres directores de la policía y dos zares antidrogas.

La comisión, integrada por policías e investigadores de unos 25 países, mandó tras las rejas a un nutrido grupo de ex funcionarios, todo un hito en un país donde la elite se había asegurado que la aplicación de la ley fuera selectiva y laxa.  Eduardo Stein, vicepresidente entre 2004 y 2008 y conocido por su labor como enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) a crisis en todo el continente y dirigir la comisión de la verdad en Honduras, ha acusado a la comisión de “estar fuera de control” luego que ésta acuso de ejecución extrajudicial a los máximos funcionarios de seguridad pública del gobierno que del que él fue segundo al mando.  Stein y algunos empresarios han sugerido que la comisión debería tener supervisión política.  El director de la comisión, el ex fiscal general de Costa Rica Francisco Dall’Anese, ha rechazado esa idea, que considera parte de una “campaña oscura de grupos poderosos” que buscan disolver la CICIG.  En su trabajo, la comisión “está tocando a personas que nunca se pensó que tocaría”, dijo Pedro Pablo Marroquín, director de “La Hora”.

Contra funcionarios y narcos

Además de las acusaciones contra funcionarios, hay condenas -rápidas y firmes- contra asesinos, secuestradores y personas vinculadas al narcotráfico, entre estos algunos miembros del temido grupo de origen mexicano conocido como los “Zetas”.  “Todos los casos que hemos llevado a juicio, todos han sido sentencias condenatorias contra todos los acusados. (Eso) es un terremoto para un país como Guatemala”, dijo el ex titular de la CICIG Carlos Castresana.  Durante el periodo que este ex juez español dirigió la comisión, se destituyó a unos 1.700 policías, un puñado de fiscales renunciaron y seis jueces fueron destituidos a sugerencia de éste.  El caso más sonado fue el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien antes de morir grabó un vídeo acusando al presidente.  La CICIG, con métodos de investigación científica, demostró que Rosenberg había ordenado su propio asesinato a una banda de sicarios contratada por sus primos, quienes creían que los asesinos librarían a Rosenberg de un supuesto extorsionista. Los motivos de por qué Rosenberg querría inculpar al presidente continúan siendo motivo de intensas especulaciones e investigación criminal.