El sector empresarial contribuye a corregir los errores que puedan haber en la Jurisdicción Inmobiliaria (JI), a fin de resolver los inconvenientes que representa para el usuario la tardanza en la solución de problemas que pueden solucionarse de manera rápida, porque no son contenciosos ni judiciales.

La información la dio el presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (Adha), Julio de Beras, quien dijo que con ese fin se han unido la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Junta Agroempresarial Dominicana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, Asociación Nacional de Hoteles y Turismo y Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias.

Explicó que para agilizar los procesos de titulación, la Adha, junto a esas organizaciones, cree que con una revisión de la ley, de las normas de la Jurisdicción Inmobiliaria se puede solucionar la lentitud de entrega de títulos.

Señaló que con esos fines se han reunido con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; con funcionarios de la Dirección de Mensura, del Tribunal Superior de Tierras, la Dirección General de Registros de Títulos y los magistrados de las diferentes jurisdicciones que puedan producir la solución a los inconvenientes que presenta la Jurisdicción Inmobiliaria.

De Beras indicó que con el propósito de solucionar los inconvenientes de la titulación en la Jurisdicción Inmobiliaria, la Adha contrató al ingeniero Angel Pappalardo, especialista en Geodesia, Cartografía y Gestión Territorial.

Expresó que entregaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia el reglamento para la Gestión y el Control de la Superposición de Planos, instrumento con el que la Jurisdicción Inmobiliaria puede solucionar los problemas de las superposiciones en el Registro Gráfico Parcelario, para resolverlo de manera ágil sin necesidad de judicializar el proceso.

Agregó que ese reglamento establece definiciones claras cuando se considera que el plano está superpuesto y señala los criterios técnicos para que la Dirección de Mensura pueda identificar los problemas con la colaboración de los agrimensores; además establece qué procedimiento se debe seguir en cada caso para resolver el problema.

También, plantea la creación de una Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos de Mensura, o sea, la figura de la mediación para resolver cualquier problema derivado de una mensura, para solucionar el problema de manera más ágil y sin tener que recurrir a los tribunales.

Recordó que la mediación ahorra tiempo, dinero y conlleva a la paz social y a la tranquilidad de las familias y los inversionistas.
Dijo que el reglamento fue analizado y consensuado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de la Jurisdicción Inmobiliaria, los jueces de los tribunales de tierras, directivos de Mensura y otros.