Las instituciones empresariales más representativas de ese  sector en el Cibao advirtieron que “en un  giro inesperado”, una decisión jurisprudencial que creen desafortunada, de fecha 26 de marzo del año 2003, ha cambiado las reglas de juego de  casi 20 años en torno a la liquidación de los trabajadores, lo que en su opinión  constituye una amenaza para la estabilidad de las empresas.

Entre las entidades firmantes de esa declaración están la Cámara de Comercio y Producción,  la Asociación de Comerciantes e Industriales, la Asociación de Industrias de la Zona Franca, de Santiago, la Asociación de Industriales de la  Región Norte, la         Asociación Dominicana de Zonas Francas, y la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago.

Según ese empresariado,  tal   jurisprudencia considera que el pagor de una suma anualmente por concepto de auxilio de cesantía, aun cuando esté precedida por un preaviso,  no es señal de que el contrato de trabajo terminó por desahucio, y se mantiene vigente en el tiempo.  Además, las entidades empresariales señalan  que  dicha jurisprudencia sólo considera como anticipos las sumas recibidas por los trabajadores y empleados en ocasión de su liquidación anual.

 “Esta jurisprudencia nos resulta, a las instituciones firmantes, absolutamente violatoria al principio de legalidad y afecta sensiblemente el capital y la solvencia de las empresas que por obligación adoptaron esta práctica”, expresan.

Explicaron que la justicia y el derecho tienen sentido en razón de la función social que desempeñan, pero preguntan qué se busca con penalizar así a estas empresas.

Afirmaron que una ley clara no precisa de interpretación, según los principios jurídicos en vigor, y que el numeral 5 del artículo 8 de la Constitución de la República expresa claramente que “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la Ley no manda ni impedírsele lo que la Ley no prohíbe”.

Las entidades empresariales hacen un llamado para que “no permitamos que se cambien caprichosamente las reglas del juego, más aún cuando están consagradas legalmente”.

Expresaron su respaldo  a las quejas externadas en un comunicado reciente por un grupo de pequeñas, medianas y grandes empresassobre la señalada  anomalía jurídica, “que pone en peligro su estabilidad empresarial y, por ende, la de decenas de miles de trabajadores”.

Se quejaron de que invirtieron grandes recursos liquidando anualmente a sus trabajadores, pero “se encuentran hoy en una situación crítica, debido a una red de abogados y buscones que han creado un estado de intranquilidad laboral que afecta el desenvolvimiento de la actividad económica en el país”.  

Las claves

1.  Liquidación

La liquidación se convirtió con el tiempo en una costumbre y luego en una exigencia y derecho adquirido de los trabajadores, que así lo reclamaban al final de cada año.

2.  Se endeudaban

Las que no disponían del capital suficiente para liquidar a su personal, eran compelidas a tomar préstamos bancarios para atender los reclamos de liquidación anual de los trabajadores, lo que agregaba anualmente a sus derechos adquiridos un importante capital que les sirvió para la adquisición de bienes que mejoraron la calidad de vida de sus familias.