El director de Desarrollo Fronterizo, Ramón Ernesto Pérez, aseguró que con la Ley 28-01 los mayores beneficiados de lo que se produce en las provincias limítrofes son las grandes empresas. 

Según el incumbente, porque el mercado está manejado por estas y los beneficios se pueden apreciar cuando los furgones cruzan la frontera hacia el lado haitiano porque en el vecino país no se produce la cantidad suficiente de alimentos para abastecer a su población, por lo que las empresas aprovechan las ventajas de la Ley 28-01 para percibir enormes beneficios. 

Entrevistado en el programa Esfera Global, el funcionario también explicó que no se puede hablar de desarrollo sin capacitación, por lo que llegaron a un acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para favorecer la educación. 

“Vamos a reclutar jóvenes para capacitarlos porque si las empresas abren vacantes de empleo, ahí deben estar ellos, lo que permitirá que no tengan que irse a otra provincia o migrar a Santo Domingo”, explicó.

Otro punto de vista. El secretario de Relaciones Dominico-haitianas del partido Fuerza del Pueblo (FP), Inocencio García, manifestó que no se puede hablar de desarrollo fronterizo debido la inestabilidad política que vive el vecino país.

Sin embargo, consideró que la República Dominicana debería hacer énfasis en el comercio y en la modernización de las aduanas, esta última porque en el comercio de los dos países, con una modernización aduanal, se evitaría el caos actual.  

García entiende que la visión de frontera, desde donde debería partir es por el concepto de desarrollo, pues se ha perdido en ambos lados y no se le ha puesto la debida atención. “No solo es comercio, también hace falta desarrollo territorial, sostenibilidad ambiental y urbanización organizada”. 

Entrevistado también en el programa Esfera Global, el especialista explicó que el error que se ha cometido es el de tener a la frontera como un territorio único y separado, en el que no ha habido conexión real con las políticas públicas. 

Entiende que el problema de la frontera es que el actor privado está definiendo el ordenamiento territorial, cuya ley reposa en el Congreso, porque se ha perdido el sentido de prioridad en el país.