Hoy 
POR ALEIDA PLASENCIA Y SOILA PANIAGUA
Organizaciones empresariales y sindicatos convinieron ayer proponer al Comité Nacional de Salarios (CNS) un aumento salarial de 30% al mínimo y 25% para quienes devengan hasta RD$20,000 mensuales. Este arreglo, se explicó, no incluye a los empleados públicos, ni a los de sectores turísticos, zonas francas y las medianas y micro empresas.
El acuerdo se hizo en una reunión entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIRN), el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicana (CNTD) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).
La reunión se hizo en las oficinas del CONEP entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
Al concluir, las organizaciones firmaron un documento en el que se comprometen a llevar la propuesta al CNS.
El acuerdo propone aumentar el salario mínimo del sector privado no sectorizado en 30% y en 25% los sueldos comprendidos a partir de la tarifa mínima y el tope salarial exento del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) que es de RD$20,000 mensuales.
Convinieron, además, constituir una comisión técnica para la actualización de los topes de capital de la clasificación de las pequeñas y medianas empresas, conforme a la escala establecida en la última resolución del CNS, en virtud de la pérdida de valor del peso dominicano.
Los patronos y sindicalistas convinieron en que se reconocerán los aumentos hechos en las empresas hasta ayer.
«En caso de que se apruebe un alza salarial por vía congresional, este acuerdo queda sin efecto», establece el convenio.
Mariano Negrón, presidente del CNUS y de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), informó que el acuerdo fue fruto del consenso.
El CNS sólo tiene facultad para discutir salarios mínimos, salvo que los patronos y trabajadores lleguen a un acuerdo en el que el alza salarial tenga mayores alcances, como acaba de ocurrir.
Informó que la forma y la fecha de puesta en vigencia del aumento salarial, es facultad del CNS. No obstante, «aspiramos a que el aumento sea retroactivo al primero de octubre», señaló Negrón.
El documento que contiene el acuerdo está firmado por Elena Viyella, presidenta del CONEP, Negrón, por el CNUS, Virgilio Ortega, por la COPARDOM, y Yandra Portela, presidenta de la AIRD.
También Rafael Abreu, por la CGT y Gabriel del Río, de la CASC. El acuerdo de aumento salarial no incluye los trabajadores de empresas sectorizadas como turismo y zonas francas, ya que usualmente las discusiones al respecto se hacen en el CNS fuera de los debates del resto del empresariado.
EL GOBIERNO
El secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, afirmó ayer que el gobierno no está en condiciones de aumentar sueldos y tildó de inconstitucional el proyecto de ley de reajuste salarial para los empleados públicos, porque, a su juicio, viola el artículo 115 de la Constitución al no estipular los fondos para financiar el reajuste.
«Que quede bien claro. No es posible hacer un reajuste salarial a los empleados públicos antes de enero, porque la Ley de Ingresos y Gastos Públicos no contempla ingresos adicionales y en el país en lugar de un superávit presupuestario, lo hay es un déficit», dijo Bengoa.
Afirmó que de la única manera que se podría aumentar el salario a los empleados públicos es incluyéndolo en el presupuesto para el 2005.
Bengoa dijo que el gobierno admite que hay la necesidad de reajustar el salario a todos los servidores públicos, pero ese aumento debe estar sujeto a un consenso en función de las condiciones económicas del país.
«Para nadie es un secreto que en los últimos cuatro años los asalariados, tanto públicos como privados, perdieron su poder adquisitivo por la ola inflacionaria que afectó a la nación y que un reajuste salarial se hace necesario bajo esas condiciones, pero de acuerdo a las posibilidades económicas y al orden constitucional vigente», opinó.
