Unas 82 empresas operan en 7 provincias de la zona fronteriza, acogiéndose al régimen de incentivo contemplado en la Ley 12-21, las cuales generan más de 12 mil empleos, impactando de manera positiva al desarrollo de esos territorios.

De acuerdo a Erodis Díaz, director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronteriza (CCDF), la instalación de estas pequeñas y medianas empresas ha implicado un capital de inversión del sector privado por un monto superior a los 65 mil millones de pesos.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario ponderó la importancia de que el sector empresarial ponga su mirada en esa zona tan deprimida.

La Ley 12-21, promulgada el 22 de febrero de 2021, en sustitución de la legislación 28-01, crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo que abarca las provincias de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Baoruco y Santiago Rodríguez.

De acuerdo a lo explicado más del 60 por ciento de las empresas instaladas responden al renglón de agroindustrial; un 20 por ciento a manofactura y el resto a servicios y minería.

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Mano de obra

Díaz explicó que una de las quejas recurrentes de los empresarios es la falta de mano de obra calificada.
En ese contexto, sostuvo que han firmando acuerdos con universidades y con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), a fin de crear los perfiles académicos requeridos.

“Cuando llegamos a la institución, apenas, habían unos 8 mil empleos, creados en 20 años. Sin embargo, a medida que los incentivos se han ido fortaleciendo, hoy día podemos hablar de 12 mil puestos de trabajo”, precisó el director ejecutivo de CCDF.

De acuerdo a lo explicado, el disfrute de las exenciones para las empresas se extenderá por un plazo de 30 años. En la pasada legislación era por un periodo de 20 años.

El funcionario participó en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio acompañado de Paloma Labour, encargada del departamento Jurídico; José Reyes, encargado del departamento de Incentivos y Fiscalización y Alicia Reyes, encargada de Planificación y Desarrollo.

Compromiso social

Durante su narrativa, el funcionario explicó que la nueva ley contempla la creación de un plan de compromiso social, en virtud del cual las empresas deben trabajar en algunas de las necesidades sociales de las comunidades de la zona.

De acuerdo a lo señalado esto permitirá impulsar el desarrollo de esa demarcación, tras reconocer que aún persisten muchas precariedades y limitaciones.

“El Estado tiene que garantizar que surja el empleo”, precisó.

Desde el 2019 a la fecha, se han concedido exenciones fiscales por un monto de 600 millones de pesos anuales, según lo explicado por el funcionario durante su comparecencia.

En el caso de la provincia Montecristi, dijo que las 49 empresas que allí operan generan 6,900 empleos y que si estas desaparecen la situación sería más difícil.

Consultado por periodistas y ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corripio, el representante del sector gubernamental sostuvo que de los 12 mil puestos de trabajo, 2 mil son ocupados por nacionales haitianos residentes en el país de manera legal.