Emulemos a Bolivia y Costa Rica

JOTTIN CURY HIJO
La democracia hispanoamericana viene agonizando desde hace años. La corrupción, la impunidad y el escaso desarrollo institucional constituyen algunas de las causas del fracaso de este sistema. La República Bolivariana de Venezuela y Ecuador han tenido que recurrir a ex militares debido al penoso desempeño de los políticos tradicionales, lo que a juicio de algunos entendidos es el preámbulo del caos que sobrevendría tan pronto éstos se vean imposibilitados de darle respuesta a la creciente pobreza que nos oprime.

Cada cierto tiempo surgen iniciativas con el propósito de sancionar a ex mandatarios acusados de actos de corrupción, diluyéndose en las marañas de una institucionalidad cada vez más podrida. Por ejemplo, los casos de Menem en Argentina, Fujimori en Perú y el de Arnoldo Alemán en Nicaragua, han terminado de uno u otro modo desilusionando a esa inmensa mayoría que clama por una justicia rigurosa que sancione a los culpables del caos a sociedades dignas de mejor suerte.

En estos momentos, los bolivianos reclaman la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y daños al Estado, por su responsabilidad en el llamado “octubre negro” o “guerra del gas”, que arrojó un balance de 56 muertos y más de 400 heridos. El Congreso autorizó a la Suprema Corte de Justicia a procesarlo, al igual que a sus más cercanos colaboradores, y ahora se espera su solicitud formal de extradición para materializar esta saludable iniciativa que cuenta con el apoyo de las actuales autoridades y del pueblo boliviano.

Por otra parte, la renuncia y posterior arresto del ex mandatario costarricense, Miguel Angel Rodríguez, involucrado en un caso de soborno conjuntamente con uno de sus ministros por haber recibido una comisión de una empresa telefónica francesa, constituye un magnífico precedente. Este escándalo le costó la presidencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo que ocupó de manera efímera. Y el asunto parece no terminar ahí, toda vez que la Fiscalía costarricense está investigando depósitos recibidos por una de sus compañías, procedentes de Taiwán.

Precisamente ahora, que estrenamos un Nuevo Código Procesal Penal, que muchos lo presentan como una panacea para combatir la criminalidad en sus diversas manifestaciones, sería saludable que nuestras autoridades encaminen sus esfuerzos a fin de elaborar expedientes que permitan enjuiciar y sancionar ejemplarmente a los depredadores de la pasada administración. Debemos incorporarnos a esta corriente moralizadora que encabezan Costa Rica y Bolivia, si es que deseamos preservar el desacreditado modelo democrático que nos gastamos.

No es secreto para nadie que nuestro país ha sido víctima de una corrupción despiadada en el transcurso de los últimos años, que toca tanto al sector público como al privado. Asimismo, nadie ignora que el triunfo arrollador de Leonel Fernández, en la primera vuelta del pasado 16 de mayo, es el resultado de un deseo de justicia que reclama nuestro pueblo. Y es obvio también que si la presente administración fracasa en sus esfuerzos moralizadores, nuestro anémico sistema político desembocará bien pronto en descrédito definitivo.

Las multinacionales que vienen a realizar jugosos negocios a nuestros países, que suelen incluir en sus gastos un capítulo para sobornar a funcionarios claves, deberían denunciar a través de sus representantes diplomáticos a quienes les exigen coimas. Tanto es así, que la propia Convención anti sobornos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), escandalizada por esta clase de corrupción, está exigiendo a los países signatarios que cumplan las normas que prohíben a las multinacionales sobornar funcionarios extranjeros.

La sociedad dominicana espera que las auditorías que se están efectuando en las diversas oficinas públicas arrojen pruebas que permitan instrumentar expedientes judiciales sólidos. Igualmente está a la expectativa de que el Poder Judicial pase de las palabras a los hechos, que exhiba sentencias ejemplarizadoras en lugar de declaraciones públicas tendientes a justificar sus palúdicas actuaciones.