Julio A. Vargas Jiménez 
Además, el mandatario a destituido al menos a otros 588 servidores públicos.
En 15 meses, aproximadamente, que tiene el gobierno del presidente, Luis Abinader, ocho ministros y directores de instituciones han sido separados de sus funciones, en su mayoría por temas que entran en conflicto con la ley, y otros de los que aún se pregunta la sociedad el por qué de la decisión del Poder Ejecutivo.
La destitución más reciente fue la del ahora exdirector del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Adán Peguero, quien fue suspendido con el decreto 722-21 luego de que la prensa nacional se hiciera eco de unas presuntas anomalías en un contrato firmado por la institución con Mia Group descubiertas por una investigación periodística hecha por el programa Nuria Investigación Periodística.
Anteriormente, el mandatario había destituido, mediante el decreto 704-21 a la gobernadora de la provincia de Samaná, Elsa Argentina De León Abreu, aunque no se especificó la razón por la que se tomó la decisión, la separación de la funcionaria vino luego de que se dieran a conocer unas declaraciones de esta en las que aseguraba que «Haría una fiesta por las muertes por COVID de aquellos que no se vacunaran».
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Previo a esto, Abinader también separó del tren gubernamental a Serafín Canario de la Rosa, mediante el decreto 679-21, destituyéndolo como administrador de la Termoeléctrica Punta Catalina, esta decisión se tomó luego de que en la prensa nacional trascendiera que el país tendría que pagar un precio más elevado por el carbón utilizado por la planta debido a que no se adquirió en enero de este año como se tenía programado y momento en el que el material precio.
Asimismo, fue suspendido de manera provisional mediante el decreto 550-21 el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, implicado por el Ministerio Público en una red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en la Operación Falcón.
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Otro que fue suspendido de manera provisional, a mediados de año, mediante el decreto 334-21, fue el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, quien fue destituido de manera oficial en el decreto 379-21 tras la acusación, también del Ministerio Público, de verse implicado en un fraude millonario realizado en un sorteo internacional de la Lotería Nacional Dominicana. Estructura desmantelada en la Operación 13.
Una destitución que sorprendió a la sociedad dominicana fue la del exministro de Salud Pública y Asistencia Social, Plutarco Arias, mediante el decreto 131-21, aunque las razones del Poder Ejecutivo para tomar esta decisión no están claras aún, el exfuncionario advirtió que en esa institución convergían demasiados intereses.
El presidente también suspendió al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, quien había sido designado en el decreto 339-20 tras este recibir una acusación de violencia sexual en contra de una servidora pública que trabajaba en la institución. La destitución de Faña se haría oficial al conocerse el decreto 45-21 que designó a José Daniel Rosario Valdez como director ejecutivo de la entidad.
En tanto que, la exministra de la juventud, Kinsberly Taveras y el exdirector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), José Sánchez, decidieron renunciar a sus respectivos cargos, una vez que trascendió en los medios de comunicación presuntas irregularidades en sus acciones, la primera fue acusada de no presentar con claridad su patrimonio y el segundo por acoso sexual. A pesar de que en una primera etapa estos hechos fueron investigados, hasta el momento se desconoce el estado de estas pesquisas.
Además, el presidente ha destituido a otros 588 funcionarios, directores y subdirectores en su mayoría, de distintas instituciones del Estado. No obstante, la mayor cantidad de separados del tren gubernamental pertenecen al cuerpo diplomático.
Al ser cuestionados por la cantidad de destituciones en general, tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, han expresado a la opinión pública (por separado) que en el Gobierno «No hay vacas sagradas» y que probablemente se «sigan conociendo casos de corrupción en este Gobierno», pero que de lo que el pueblo dominicano «Puede estar seguro» es que estos casos se llevarán a la justicia.
