Pro Consumidor informó hoy que logró un retorno económico de 90 millones 97 mil 386 pesos con 73 centavos a favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, durante el período enero- diciembre 2014.

«Ese retorno fue ejecutado mediante las conciliaciones de dos mil 48 casos, en la sede central de la entidad, localizada en la calle Charles Summer, 33, Los Prados y las oficinas regionales, ubicadas en Santiago, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Barahona, San Juan de la Maguana y Megacentro», afirma mediante una nota de prensa publicada en su página web.

Agrega que los renglones conciliados entre proveedores y consumidores corresponden a transporte y comunicaciones con un 26%; comercio y reparación con 37%; servicios a empresas con 11%; intermediación financiera con 8% y actividades inmobiliarias con un 5%.

Dice que con un 2% de proporción en las conciliaciones los renglones de educación, servicios personales, construcción, industrias y transformación, empresas tecnológicas, alojamiento y alimentación.

Explica que en Santo Domingo se conciliaron mil 487 casos para un retorno económico de 59 millones 650 mil 700 pesos con 78 centavos. En la oficina de Megacentro fueron retronados ocho millones 225 mil, 46 pesos con 93 centavos, para un total de 342 casos conciliados.

Manifiesta que mientras que en la provincia de Santiago fueron conciliados 214 casos, para un retorno de 6 millones 909 mil, 180 pesos con 34 centavos; En Barahona cinco millones 213 mil 970 pesos con 09 centavos, de 62 casos conciliados; En San Pedro de Macorís se retornaron a favor de los consumidores 5 millones 441 mil 644 pesos con 59 centavos, para un total de 195 casos conciliados.

«En San Francisco de Macorís fueron retornados 549 mil 369 pesos, conciliándose 53 casos y en la provincia de San Juan de la Maguana, se retornaron cuatro millones 107 mil 475 pesos, en la conciliación de 82 casos», indica.

Sostuvo que los casos conciliados fueron realizados mediante acuerdo amistoso y por acuerdo previo audiencia entre las partes involucradas, lo que significa un crecimiento en la responsabilidad de los proveedores en resolver con armonía los conflictos con los consumidores y usuarios, como lo establece la Ley 358-05 de Protección al Consumidor.