En 30 aniversario CA deplora déficit viviendas sea 1.6 millones

INAUGURACION DE LA NUEVA BARQUITA
INAUGURACION DE LA NUEVA BARQUITA

Tras cumplir 30 años en acompañamientos técnicos en los sectores más vulnerables de Santo Domingo, Ciudad Alternativa (CA) deplora que el déficit habitacional en el país supere el 1.6 millones y no haya una política clara del Estado para disminuirlo en el corto plazo.
Ricardo González, director de CA, saluda el esfuerzo del Gobierno para que exista una política que contribuya a la construcción y financiamiento de viviendas en el país, como la Ley 189-11 sobre Fideicomiso, pero hasta ahora este esfuerzo no llega a los sectores más deprimidos.
Señala que la política solo favorece a la clase media, no así a cientos de miles de familias de escasos recursos que habitan en zonas vulnerables ni a la mayoría de los trabajadores que devengan salarios de miserias.
Precisa que el segmento de la población favorecida con las medidas tomadas por las autoridades, como la liberación de más de cinco mil millones de pesos del encaje legal y la reducción de la tasa de interés, apenas favorece el 20% de la población.
Explica que a pesar de que aumenta el porcentaje para viviendas económicas a 3.5 millones de pesos, muy pocos califican para un techo a ese precio.
Cita como ejemplo que un apartamento de dos millones de pesos, para financiarlo una familia pagaría un interés de 18 mil pesos, más el aporte al capital, las cuotas se elevarían a 26 mil mensuales.
Señala que ninguna familia pobre o un trabajador con salario por debajo de los 25 mil pesos estaría en condiciones de obtener un techo a ese precio, menos aún una de 3.5 millones, ya que las cuotas a pagar se elevarían a los 45 mil.
Expone que ni siquiera los apartamentos de 1.5 millones de pesos están al alcance de los trabajadores, porque tendrían que pagar al mes entre 15 y 16 mil pesos, cuando los salarios en el país están por el suelo.
González considera que una población de alrededor del 80% con salarios por debajo de 25 mil pesos, se les hace cuesta arriba adquirir una casa de las que ahora cuestan 3.5, 2.5 y 1.5 millones.
“Creemos que lo que está promoviendo el Gobierno está muy bien para la clase media, pero no existe en estos momentos una política de Estado dirigida a reducir el déficit habitacional del país, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo para los más pobres”, sostuvo González, quien asumió recientemente la dirección de CA.
Que llegue a pobres. Aboga por la creación de verdaderas políticas públicas en materia de viviendas dirigida a los diferentes segmentos de la población, no solamente para una clase de la sociedad.
Indica que existen estudios que identifican a los pobres, dónde están, en que condiciones viven, por lo que es fácil enfocar las políticas habitacionales.
Según los datos oficiales, el déficit habitacional en el país es de 1.6 millones.
“Es ahí donde está el problema de vulnerabilidad, de condiciones infrahumana en que vive una buena parte de la población dominicana”, afirma González.
La propuesta. Indica que Ciudad Alternativa junto a la Asociación de Productores de Viviendas (Acoprovi) trabajan desde hace un año y medio en un proyecto de ley que contribuya con propuestas, que no se resuelven con los actuales proyectos oficiales y privados.
Entre las propuesta, cita, que se puedan producir viviendas, tanto el sector público como privado, así como por las comunidades a través de cooperativas, como única manera de reducir el déficit habitacional.
Expone que con las políticas que implementa el Gobierno la población tendría que aumentar sus ingresos para poder acceder, lo que no va a suceder en el corto plazo, debido a que los ingresos de las familias no se van a triplicar, que es lo que necesitaría para comprar un techo.
Asegura que si da participación a un conjunto de actores para dar respuesta al problema se podría contribuir a bajar el déficit de manera más aceleradas, porque con las acciones gubernamentales implicaría que los dominicanos mejoren sus ingresos para lograrlo.
Recuerda que el Estado está en la obligación de buscar respuesta habitacional a los dominicanos, según establece la Constitución de la República, sobre todo, a los más vulnerables y quienes viven en condiciones infrahumana, no tolerable en una democracia de más de 50 años.
Domingo Savio. En cuanto al proyecto Nuevo Domingo Savio, expone, no es lo recomendable, ya que lo que hacen las autoridades es no construir viviendas para los vulnerables de la Ciénega y Los Guandules, sino trasladándolos de lugar.
Considera que lo ideal hubiese sido como fue contemplado el proyecto originalmente, de construir apartamentos en el área no inundable para llevar a quienes habitaban en la zona expuesta a inundaciones.
Al cambiar la estrategia, indica, el proyecto no ayuda a mitigar el déficit habitacional, porque los desalojados no obtienen una vivienda a cambio por la que cedieron.
Expresa que por el contrario, algunos que eran propietarios pasan a inquilinos porque los recursos que reciben por parte de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (Urbe) no alcanza para comprar un techo.
Por eso, cree muchas de las familias desalojadas se han ido a la periferia de Santo Domingo, otros se han quedado en el área como inquilinos o en condiciones de arrimados.
La Nueva Barquita. Define el proyecto La Nueva Barquita como un modelo, emblemático, con viviendas adecuada y servicios de primera, aunque algunos sectores lo critican por el alto costo.
Ese alto costo, expone, hace inviable que la Nueva Barquita pueda ser replicado en otros sectores, por lo que Ciudad Alternativa sugiere diferentes modalidades de proyectos para resolver el problema.
Ciudad Juan Bosch. El director de CA explica que el proyecto Ciudad Juan Bosch se inscribe dentro de la Ley de Fideicomiso en el cual el sector privado lleva la voz cantante y solo tienen acceso quienes están en la categoría de clase media, los pobres no califican.
Por eso, explica, muchos de los apartamentos que se venden en Ciudad Juan Bosch lo adquieren dominicanos ausentes, por lo que ese proyecto no contribuye al déficit habitacional del país.
Expone que algunos que viven fuera del país compran un apartamento, pero lo cierran porque se van y lo que hacen es dejar a alguien que se lo cuide.
“Entonces esa unidad se vendió, y para fines estadísticos se puede decir que se vendieron tantos apartamentos, pero en realidad no está reduciendo el déficit habitacional”, afirma.
Sostiene que si la mayoría de los trabajadores y no asalariados tuvieran acceso a este proyecto, hace tiempo que se hubieran vendidos todos.
El aniversario. CA cumple este mes 30 años de fundación, fue una iniciativa del Centro de Investigaciones Legales (Cedail) y del Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) con el objetivo de defender el derecho a la ciudad que tienen los pobres.
Surgió con los desalojos a finales de los 80 con el proceso de remodelación urbana para celebrar los 500 años de la llegada de los españoles a la isla.